Este jueves, 23 de julio de 2020, se cumplieron dos años del asesinato contra la estudiante brasileña Raynéia Gabrielle Da Costa Lima Rocha, quien murió tras una detonación que realizó un paramilitar con un fusil de asalto Carabina M4. En ese momento, la joven iba hacia su vivienda en un residencial de Managua en las inmediaciones del Colegio Americano, misma zona que en el contexto de las protestas de 2018 se encontraba controlada por grupos de terceros armados del régimen orteguista.
El asesino confeso y paramilitar Pierson Gutiérrez Solís, en julio de 2019, fue beneficiado con la Ley de Amnistía y puesto en libertad. En 2018, había sido condenado a 15 años de prisión, 14 por asesinato y uno por posesión ilegal de armas. Sin embargo, su abogado presentó un escrito solicitando una sentencia de sobreseimiento, libertad y cancelación de antecedentes penales, basándose en el beneficio que en ese entonces otorgaba la Ley de Aministía a las personas involucradas en los hechos iniciados en abril de 2018.
La doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), lamentó que a dos años no exista justicia y afirma que este caso dejó en evidencia «el manoseo» de la dictadura de Daniel Ortega a todas las normas jurídicas y la «instrumentalización que hace en las autoridades jurisdiccionales y policiales del país».
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Por otro lado, Núñez refutó que desde un inicio, tras el asesinato contra la joven brasileña, las autoridades argumentaron que el caso no estaba enmarcado en el contexto de las protestas «el problema es que después lo sacan favorecido con la (ley) Amnistía. ¿Cómo que si no era parte de la masacre que andaban realizando en las calles en contra de toda persona que se movía salen poniendo libre al hechor?» cuestionó la defensora de derechos humanos.
Según las declaraciones que brindó Pierson Gutiérrez Solís a la Policía al momento de su captura, los sucesos ocurrieron al momento que él miró el vehículo que conducía a alta velocidad la joven estudiante, él pensó que estaba en peligro, activó el arma y disparó.
María José Da Costa, madre de la joven brasileña, tras la noticia de la liberación del asesino confeso, mostró su total rechazo a la decisión de la tiranía que prácticamente archivó el crimen. Da Costa incluso calificó en ese entonces como una «payasada», las acciones de las autoridades judiciales.
«Todo eso para mí es una gran payasada, yo creo que ellos están pensando que yo soy una idiota y que voy a caer en esas mentiras de ellos, porque lo que yo veo es que ellos son un montón de idiotas que se hacen pasar por inteligentes, pero ya sé que eso no va a terminar en nada, porque al final la verdad va a surgir, aunque sea tarde o temprano, porque sé que la mentira tiene piernas cortas», dijo María José Da Costa a un medio de comunicación brasileño.
Además, manifestó que tuvo conocimientos que el paramilitar asesino nunca estuvo preso, a como señaló la Policía tras su captura. Incluso, la institución represiva nunca presentó a Pierson Gutiérrez ante los medios de comunicación, como lo hacía con los autoconvocados detenidos en ese momento.
«Nosotros estaríamos dispuestos a afianzar el caso, se necesita invertir esfuerzos, siempre y cuando la mamá directamente nos lo solicite por escrito, porque es un requisito necesario para nosotros y así poder representar a la víctima o al familiar de la víctima», detalló Vilma de Escorcia.
Rayneia Gabrelle Da Costa Lima Rocha fue asesinada la noche del 23 de julio de 2018, cuando regresaba hacia su vivienda, ubicada en las Lomas de Monserrat, en las cercanías del Colegio Americano. El vecindario ha estado controlado por la seguridad privada del tesorero del FSLN, Francisco “Chico” López, a quien pertenecía el asesino de la estudiante brasileña.
Según el reporte de la misma Policía orteguista, Pierson Gutiérrez asesinó a la brasileña con un fusil de asalto Carabina M4, una arma fabricada por la empresa Colt de Estados Unidos. Es el arma principal de infantería estándar del Ejército norteamericano y normalmente es usada por unidades policiales élite. En Nicaragua, este tipo de armamento no está autorizado para uso civil y tampoco son usadas por la Policía ni el Ejército
