Entre el engranaje de empresas propiedad del sancionado Juan Carlos Ortega Murillo, hijo de la pareja presidencial, se encuentra la compañía de publicidad Difuso Comunicaciones S.A, misma que también fue castigada el viernes 17 de julio por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Esta entidad se encarga de realizar la producción audiovisual de todas las instituciones del Estado, y con ello, Ortega Murillo se embolsa millones de dólares mensuales en la producción de propaganda oficial.
La Coalición Nacional se muestra urgente de unidad, mientras que la Alianza Ciudadana calla y no responde si se unirán o si irán de forma individual a competir contra Ortega. Tienen hasta el 12 de mayo para inscribir sus alianzas como grupos políticos.
Difuso Comunicaciones S.A., de Juan Carlos Ortega, además tiene en su poder el Canal 22 de televisión, que lleva el mismo nombre de su productora audiovisual (Difuso), donde presentan programas infantiles y de comedia. Las sanciones de la Casa Blanca alcanzarían a este medio de comunicación y afectaría su funcionamiento financiero.
La exguerrillera y fundadora del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), comandante Dora María Téllez, explicó a Artículo 66 que las sanciones de Estados Unidos contra Difuso aplica para todos los negocios pertenecientes a esta productora, incluyendo Canal 22 «que chorrea sangre».
«Con estas sanciones, Canal 22 no puede abrir cuentas en los bancos, todos los bancos tienen que cerrarle las cuentas, las empresas que negocian internacionalmente no podrán hacer negocios con Difuso y los que colocaban publicidad (en ese canal) van a tener que prescindir de este servicio al ser sancionado», advierte Dora María Téllez.
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Al no poder pautar con empresas privadas, explica la comandante, el canal Difuso tendrá que recurrir a los anuncios meramente estatales, es decir, ser sostenido a través de la publicidad gubernamental. Además advierte que este medio de comunicación no podrá realizar compras de equipos televisivos en los Estados Unidos.
«Tendrán problemas para la compra de productos en empresas estadounidenses, es decir, compra de películas, compra de videos, lo que necesiten poner en ese canal, por ejemplo, a veces ponen programación infantil, todas esas compras con base en Estados Unidos se va a acabar. La regulación es clarísima, prohíbe a todos los ciudadanos estadounidenses y a las empresas cualquier tipo de transacción económica o comercial con los sancionados», puntualizó la opositora.
Impacto de las sanciones
En esta nueva resolución de Washington contra la dictadura de Ortega y sus operadores, la OFAC remarca que «todos los bienes e intereses en la propiedad de estas personas o entidades que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC».
Además, «cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de dichas personas también está bloqueada. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos por parte de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas».
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Juan Carlos Ortega es señalado por la adquisición de medios de comunicación con el dinero de los nicaragüenses y con los fondos provenientes de la cooperación venezolana. “El Chigüín” sería el cuarto miembro de la familia presidencial sancionado por Estados Unidos, entre ellos dos hermanos (Laureano y Rafael Ortega,) y su madre, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Con las sanciones a Juan Carlos y José Mojica Mejía, Estados Unidos ya suma a 23 funcionarios castigados por la administración de Trump, el primero fue Roberto Rivas en el 2017, por estar involucrado en actos de corrupción. Entre los sancionados al menos siete de ellos están fuertemente vinculados con la familia presidencial.
