La aplanadora de diputados orteguistas aprobó reformar la Ley del Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano (ISSDHU), a solicitud del dictador Daniel Ortega que ordena que el ente administrador de las pensiones de los oficiales de la Policía ahora estará adscrito a la Presidencia de la República, acción que es señalada como táctica para evadir las sanciones que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso a la institución policial.
El ISSDHU es el encargado de brindar beneficios y manejar las futuras pensiones de los trabajadores de la Policía Nacional; el Sistema Penitenciario; la Dirección General de Migración y Extranjería; la Dirección General de Bomberos de Nicaragua; los órganos centrales del Ministerio de Gobernación y el personal que conforma el ente autónomo y que no está afiliado al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Pretende evitar la sanción impuesta por Estados Unidos
Félix Maradiaga, miembro de la Coalición Nacional fue tajante y aseguró que el régimen de Ortega, con la reforma a la Ley del ISSDHU, pretende evadir las sanciones del Departamento del Tesoro de EE.UU. “Aunque la sanción no menciona de forma explícita al ISSDHU, pero al estar vinculado con la Policía Nacional tiene varios problemas, en esencial sus activos porque no puede ser bancarizado ni transaccionado en el marco del sistema bancario que tenga relaciones con el gobierno norteamericano”, aclaró.
En cuanto, a las pensiones de los oficiales de la Policía Nacional dijo que “están amenazadas o en riesgo porque aunque no están directamente sancionadas están amenazadas”. Por otro lado, señaló que “las sanciones fueron hechas con el cuidado de no afectar a los policías a petición individual (…) sino que son un mensaje de que están a tiempo de saltar de un barco que se está hundiendo”, concluyó Maradiaga.
Igualmente, el director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), Juan Sebastián Chamorro, coincidió en que la acción tiene el “interés de tratar de evitar las sanciones porque el instituto estaba inscrito a la Policía que ya fue sancionada – y agregó que- independientemente a quien lo adscriben ahora es el ente que administra el fondo de la institución policial”.
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También destacó que no sirve de nada adscribir el ISSDHU a otra institución, “eso no soluciona el problema original porque es un fondo de pensiones de la Policía que es señalada como criminal (..) nadie va a querer administrar esos fondos, se hace imposible que esta institución pueda manejar fondos de la Policía (…) los funcionarios en retiro y oficiales activos son los que saldrán afectados porque sus pensiones están a cargo de una institución que por su relación con la Policía está sancionada, y pone en riesgo la sostenibilidad del mismo fondo, porque para poder financiar las pensiones tiene que invertir”.
Elvira Cuadra, experta en seguridad, detalló que “ese es un punto clave para la administración del ISSDHU porque el propósito es proteger sus operaciones y activos pero lo que no conocen es que el gobierno de Estados Unidos puede extender las sanciones directamente al instituto” y agregó que otro de los riesgos es que “el manejo desde la presidencia no sea lo suficientemente ágil para el funcionamiento del instituto sobre todo por el estilo centralizado de gobierno”.
El experto en derecho constitucional Gabriel Álvarez confirmó que el único propósito de este cambio es “evadir las sanciones y eliminar cualquier vinculo con la Policía pero es imposible porque el Gobierno norteamericano puede encontrar delitos y pruebas que lo pongan en riesgo y sean objeto de sanciones”. También insistió en que la adscripción del instituto a la Presidencia significa un debilitamiento en la posibilidades del ejercicio de la competencia que implica esa adscripción. “El presidente no confía en nadie por eso quiere estar en todo pero esta es una entidad autónoma que no debería estar adscrita a nadie, porque tiene su propia competencia”.
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La reforma a la Ley fue aprobada en horas de la mañana del jueves, 12 de marzo, por 70 diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y uno de sus aliados del Partido Liberal Independiente (PLI), mientras los 12 parlamentarios del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) votaron en contra.