Con el anuncio de nuevas sanciones a la Policía orteguista y a tres altos jefes de la institución, por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la administración del presidente norteamericano Donald Trump ha impuesto esta medida a un total de 19 funcionarios, cuatro entidades privadas y una institución pública, ligadas a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Artículo 66 le detalla quiénes son los personajes sancionados hasta el momento y qué rol han desempeñado en la familia, los negocios o el Estado de Nicaragua, para que el gobierno de Estados Unidos los haya ubicado en la “exclusiva” lista de delincuentes internacionales.
En diciembre de 2017, el expresidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas se convirtió en el primer funcionario orteguista sancionado por el gobierno de Trump. Rivas recibió el “galardón” mediante la activación de la Ley Global Magnitsky, lo que lo ubicó en una la lista negra de corruptos, lavadores de dinero, torturadores o violadores de derechos humanos del mundo. Como consecuencia de esta sanción, la dictadura de Ortega se vio obligada, primero, a quitarle todas las funciones a Rivas en el CSE, luego fue separado totalmente del cargo.
El cinco de julio de 2018, el gobierno estadounidense incluyó a tres funcionarios más a la lista de los «sancionados». El primero fue el comisionado general Francisco Díaz, subdirector de la Policía y consuegro de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a quién también le aplicaron la Ley Magnitsky. Al jefe policial lo señalan de ser el responsable de dirigir la represión contra ciudadanos durante la crisis iniciada en abril de 2018.
El cuarto sancionado fue el secretario de la Alcaldía de Managua y secretario político del FSLN, Fidel Moreno. A este operador orteguista, Estados Unidos lo señala de organizar los actos violentos llevados a cabo por los grupos parapoliciales y por la Juventud Sandinista; quienes sembraron el terror en diferentes ciudades de Nicaragua, sobre todo en Masaya, Managua, León, Matagalpa, Chinandega y Estelí; realizando ataques con fusiles de guerra y armas automáticas a manifestaciones cívicas y barricadas, que se levantaron para protegerse de los antimotines y criminales armados por el régimen. También se le señaló de realizar labores de intimidación, secuestros, torturas físicas y psicológicas, todo en complicidad con miembros de la Policía.
El 27 noviembre de 2018, el presidente Donald Trump sorprendió con una orden ejecutiva en la que impuso duros controles económicos contra la primera dama y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, considerada la mano de hierro de la dictadura que encabeza junto a su marido, al tirano Daniel Ortega. La aplicación de las sanciones ordenó el congelamiento de bienes y cuentas a su nombre y prohibió que cualquier empresa o ciudadano de Estados Unidos establecería vínculos con ella. A Murillo se le identificó directamente como el cerebro que ordenó los crímenes contra los ciudadanos que protestaron por sus desmanes.
Junto a Murillo, igualmente fue sancionado el asesor presidencial en temas de seguridad y espionaje, Néstor Moncada Lau, un estrecho colaborador de Ortega en su relación con los mandos de la Policía y el Ejército. El Departamento del Tesoro lo describió como “un exfuncionario con experiencia en seguridad del Estado, con fuertes lazos de lealtad a Murillo, (que) ha cometido actos de corrupción en nombre de Ortega y Murillo (…) trabajó con Ortega para encubrir la conducta sexual de Ortega contra una menor”, decía el texto de justificación.
El 13 de diciembre de 2018, el secretario de Estado de los Estados Unidos Mike Pompeo, anunció sanciones contra Ileana Patricia Lacayo Delgado, esposa del extitular del CSE Roberto Rivas, a quien Washington señala por “corrupción significativa”. Con esta medida, tanto Rivas como su esposa Ileana Lacayo Delgado han sido vetados de ingresar a Estados Unidos y tener vínculos con el sistema bancario internacional.
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Orlando Castillo, director general del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones (Telcor). Ha sido el agente del régimen que se encargó de censurar a los medios de comunicación y amenazar con retirar licencias por no seguir su línea.
En la misma tanta de sanciones contra la exministra de salud y del director de Telcor, también ubicaron en la lista negra al general en retiro y Ministro de Transporte e Infraestructura Óscar Mojica. Los analistas consideraron en su momento que la sanción contra Mojica era más bien un mensaje a la comandancia del Ejército que ha volvió colaboracionista de los crímenes cometidos por Ortega y sus grupos de paramilitares, a quienes el Ejército tiene la obligación de desarmar, pero que más bien se han hecho de la vista gorda.
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El mismo 21 de junio, el cuarto sancionado de esa tanda fue el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras. Porras fue identificado como el jefe de las turbas, y la justificación del Departamento del Tesoro fue que durante la masacre del 30 de mayo, Porras habría funcionado como el cabecilla de los grupos armados y las turbas que atacaron la movilización multitudinaria donde fueron asesinadas más de 15 personas. Como consecuencia de la sanción la dictadura quitó todas las funciones administrativas y financieras a Porras y lo dejó como figura decorativa en el Parlamento. Posteriormente, el régimen nombró en secreto a un administrador que asumiría las funciones del otrora médico orteguista.
El cuarto de los sancionados del siete de noviembre de 2019 fue el vicepresidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Lumberto Campbell. Con este “fichaje”, el Departamento del Tesoro allana el camino a quien hasta entonces había sido usado por la dictadura para llenar el vacío que dejó Roberto Rivas. A Campbell, Estados Unidos los liga con los fraudes y corrupción en el CSE, además, que ha sido mencionado por el funcionarios del gobierno como uno de los operadores del FSLN para llamada operación “vamos con todo”, que consistió en el montaje del operativo armado para desmontar la rebelión cívica de abril.
El 12 de diciembre de 2019, Estados Unidos propinó un golpe certero contra el anillo económico de la familia gobernante. Incluyó en la lista de delincuentes internacionales al hijo mayor de la pareja presidencial y administrador de los negocios del régimen, Rafael Ortega Murillo. Rafael se convirtió en el segundo hijo de la dinastía en obtener el “galardón”, después de Laureano. Según la OFAC, esta sanción contra el hijo mayor de Ortega y Murillo se dio por que “es el administrador del dinero clave detrás de los esquemas financieros ilícitos de la familia Ortega”.
Finalmente, este jueves cinco de marzo de 2020, Estados Unidos incluyó en el club de los sancionados a tres altos jefes de la Policía de Daniel Ortega:
El comisionado Luis Alberto Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como “El Chipote.
“Olivas es el Jefe de la Dirección de Asistencia Judicial de la Policía y Director de la prisión de El Chipote. En su justificación, la OFAC declara que “El Chipote es una prisión conocida por prácticas abusivas donde las organizaciones de derechos humanos han registrado graves abusos contra los derechos humanos desde abril de 2018. Ha habido denuncias de tortura, violación, electrocutación, laceraciones con alambre de púas, estrangulamiento y palizas con tubos de acero. Un manifestante encarcelado en El Chipote declaró que hombres enmascarados lo colgaron del techo y lo golpearon con bates de béisbol, tubos y pistolas durante dos días. Posteriormente, el manifestante declaró que lo llevaron a un hombre enmascarado que reconoció por su voz y construcción como Olivas, quien lo obligó a filmar una confesión que implica a otros manifestantes”.
En esta tanda también fue sancionado el comisionado Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP), esta dependencia policial es señalada de dirigir la mayoría de asesinatos en abril de 2018, principalmente en la denominada “Operación limpieza”, donde se registraron varios muertos en diferentes puntos de Nicaragua.
Cinco entidades sancionadas
El Bancop fue “quebrado” mediante la misma orden que aniquiló al tenor presidencial Laureano Ortega Murillo “por sus papeles en la corrupción y el lavado de dinero para beneficio personal del régimen de Ortega. Estas acciones envían un mensaje a todos los que continúan apoyando al régimen de Ortega de que hay que pagar un alto precio por abusar de la economía nicaragüense y su gente”, argumentó en ese entonces el Departamento del Tesoro.
El 12 de diciembre de 2019, junto a la sanción impuesta contra Rafael Ortega, Estados Unidos también le declaró muerte a las empresas Distribuidora Nicaragüense de Petróleo S.A. (DNP Petronic), Inversiones Zanzíbar Sociedad Anónima y Servicio de Protección y Vigilancia S.A. (El Goliat), todas compañías que engrosaban el holding económico del FSLN, creadas con dinero proveniente de los petrodólares venezolanos y la corrupción.
La DNP Petronic es administrada por Yadira Lets, esposa de Rafael Ortega, y es la empresa que manejaba el flujo petrolero que el régimen maneja a discreción. Las Inversiones Zanzíbar, en tanto, fue creada como una compañía de maletín para el manejo de más de 60 gasolineras. Hasta antes de las sanciones, Inversiones Zanzíbar se mantenía bajo las sombras, sin embargo, su dirección indicaba que la empresa estaba registrada en las casas dentro del complejo presidencial en el reparto El Carmen, aledaña a la residencia de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La quinta y última institución, que a la vez es la primera de carácter estatal que fue sancionada, es la Policía Nacional, la que fue fichada en la misma resolución de este cinco de marzo de 2020, junto a los comisionados Luis Pérez Olivas, Justo Pastor Urbina y Juan Valle. “La designación de OFAC está dirigida a la Policía Nacional como una institución responsable de los abusos de los derechos humanos en Nicaragua”, dice la justificación del Departamento del Tesoro.
Adicionalmente, el secretario Steven T. Mnuchin dijo que “el régimen de Ortega ha utilizado a la Policía Nacional de Nicaragua como una herramienta en su campaña de represión violenta contra el pueblo nicaragüense” y agregó que “el Tesoro se compromete a responsabilizar a quienes buscan silenciar las voces prodemocráticas en Nicaragua”.