La Alta Comisionada para las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, presentó ante el Consejo de la ONU la más reciente actualización sobre los sucesos que vive Nicaragua desde que inició la crisis sociopolítica en el país en abril de 2018, lo que ha dejada más de 325 asesinatos, cerca de 4,000 heridos y unos 98,000 exiliados producto de la represión dirigida por el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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Bachelet señala en el informe que desde septiembre de 2019, “las violaciones de derechos humanos no han cesado, en el marco de un contexto político y social extremadamente complejo”. Igualmente, resalta que producto de la violencia “más de 98,000 nicaragüenses habían salido del país, sin condiciones básicas para un retorno seguro. Mi oficina documentó casos de amenazas y acoso, incluso siete personas detenidas arbitrariamente luego de su regreso”.
El organismo, que fue expulsado de Nicaragua por órdenes de la dictadura, mantiene un seguimiento a la situación que atraviesa el país desde la oficina regional en Panamá. La representante de la Organización de Naciones Unidas (ONU) también enfatizó en que Ortega mantiene secuestrado el derecho a la protesta pacífica.
La alta comisionada remarcó que el régimen al momento de anuncios de manifestaciones hace “masivos despliegues policiales (que) desalientan a los nicaragüenses a manifestarse. Cuando se realizaron protestas, incluso durante celebraciones religiosas, la policía los dispersó abruptamente o elementos pro-gubernamentales los atacaron violentamente”. Además, advierte que continúan las detenciones arbitrarias, la persecución a defensores de derechos humanos, periodistas independientes y excarcelados políticos.
Represalias por cooperar
“El 30 de diciembre, el Gobierno ordenó la excarcelación con medidas alternativas a la prisión de 91 personas. Entre ellas diez hombres y seis mujeres arrestados el 14 de noviembre de 2019 al entregar agua a familiares de detenidos en huelga de hambre en una iglesia de Masaya. Algunas de estas personas habían proporcionado información a mi Oficina, por lo que su detención podría considerarse como una represalia por haber cooperado con nosotros”, recalca el escrito.
Bachelet llamó al régimen a liberar a los presos políticos, que suman 61, de acuerdo con organismos de derechos humanos. Asimismo, pidió que garantice el derecho a la libertad de opinión y expresión y que regrese los medios de comunicación confiscados, que frene la persecución, acoso y actos de intimidación y reiteró el llamado a reanudar el “diálogo con los diferentes sectores de la sociedad nicaragüense, y a avanzar con las reformas electorales necesarias que garanticen que las próximas elecciones sean justas, creíbles y transparentes”.
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