Luego que el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Agraria (UNA) acordara levantar el castigo a 43 estudiantes que habían sido expulsados por protestar por un supuesto fraude electoral, los universitarios que conforman el Movimiento Acción Universitaria presionan para que las autoridades administrativas de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) también levanten las sanciones de más de 80 estudiantes.
«Exigimos al gobierno de Nicaragua y a las autoridades de UNAN-Managua que así como se han levantado las sanciones impuestas contra los estudiantes de la UNA sean retiradas todas las expulsiones arbitrariamente llevadas a cabo en contra de los más de 82 estudiantes de la UNAN-Managua», reza parte del documento emitido por Acción Universitaria.
Yaritza Mairena, estudiante de Ciencias Políticas de la UNAN y exrea política de la dictadura, es una de las jóvenes opositoras que fue expulsada de esa casa de estudios y expresa que «me duele profundamente» que las autoridades de esa alma máter después de más de un año no hayan levantado el castigo a los «chavalos» que ejercieron únicamente su derecho a la protesta.
También relató a Artículo 66 que desde su expulsión las autoridades administrativas prohibieron que se acercara al recinto, incluso en la resolución la amenazan con apresarla en caso que intente hacerlo. «Nos amenazan que si incumplíamos eso (la resolución) seríamos demandados en la vía judicial. Nosotros no podemos pisar el recinto porque llamarían a la Policía. Nosotros podemos solicitar nuestra certificación académica, pero a través de una representación legal». detalla la estudiante.
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Mairena recalca que la UNAN en la resolución le adjudica cargos graves como haber sido partícipe activa en tranques, uso de artefactos de agresión física, permitir el ingreso de personas ajenas a la institución, comportamiento vandálico y destrucción de las facultades, robo de equipos y vehículos.
«Muchas de las expulsiones que están clasificadas en el sistema virtual de registro, incluyendo la mía, -aparecen como expulsiones por faltas graves y el reglamento estudiantil estipula que las faltas graves no ameritan expulsiones definitivas, sino ameritan nada más la suspensión por un semestre, cosa que nosotros ya cumplimos», refutó Mairena.
Expulsiones en UNAN-León
Byron Estrada es un excarcelado político y estudiante de Odontología en la UNAN, con sede en León. De su pénsum solo le restaba aprobar seis clases para coronar su carrera universitaria. Las autoridades del recinto decidieron expulsarlo el 13 de agosto de 2018, previo a su encarcelación, después de dirigir las protestas antigubernamentales en la ciudad universitaria. Al igual que Byron Estrada, unos 12 alumnos de la UNAN-León fueron castigados por esa casa de estudio.
«Es un derecho, los estudiantes no tienen porqué estar sufriendo una expulsión por pensar diferente o manifestarse en cuanto a los derechos que a los ancianos y nicaragüenses les pertenecen (…). Por lo tanto, considero que a los rectores no le queda más, para lograr la institucionalidad de nuestras universidad, pues de retomar esta medida que tomó la Agraria. En las universidades públicas se debe de tener como derecho la inclusión al libre pensamiento», manifestó Estrada.
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Por su parte Acción Universitaria se solidarizó con los 13 alumnos expulsados en León e hizo un llamado a la comunidad estudiantil y sociedad civil «apoyar nuestras exigencias de respeto y restitución de los derechos a la educación de los más de 144 estudiantes expulsados, según reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)».
Tras el estallido social iniciado en abril de 2018, la UNAN-Managua, donde la mayoría de las autoridades administrativas obedecen al partido de gobierno, en agosto de ese año, tomó represalias en contra de más de 80 estudiantes activos de diferentes facultades. Los estudiantes se rebelaron tras las reformas al seguro social que había impuesto la dictadura de Nicaragua. También castigaron a unos 13 universitarios de la UNAN-León, quienes también se levantaron en protestas.
Yunova Acosta, integrante del Movimiento Estudiantil 19 de abril y miembro de la Alianza Cívica, aplaudió la decisión de esa universidad e instó a otros recintos a tomar ejemplo y reintegrar a los estudiantes que fueron expulsados por protestar contra la dictadura de Daniel Ortega.
«Sabemos que hay muchos compañeros de otras universidades estatales que quizás no corrieron con la misma resolución posible, porque sabemos que ellos también impugnaron y que no se les dio una respuesta positiva, ni negativa, pero siento que esto es como un rayito de luz de esperanza para todos esos chavalos que fuimos desplazados de la educación superior».