Por: Enrique Sáenz
El negocio con DNP es un fraude de principio a fin. Y una demostración desvergonzada de la confusión entre los intereses privados de la familia gobernante y el Estado.
Es fraude por la manera en que la familia gobernante despojó parte del patrimonio público. Recordemos que, en su origen, la distribución de combustible estaba en manos de PETRONIC, que es una empresa estatal. De aquí pasó, mediante contrato, a la empresa suiza GLENCORE, y finalmente terminó en manos de la familia. Los fondos para la operación provinieron de la cooperación petrolera venezolana, que también fue apropiada fraudulentamente.
El fraude también caracteriza sus operaciones. Por un lado, su principal fuente de ingresos son las ventas directas, esto es, ventas amarradas a instituciones del Estado ¿Alguien puede pensar que mediante licitaciones limpias?
Por otro lado, valiéndose del control de mercado, pero, principalmente, del abuso del poder político, durante años han bolseado a empresas y consumidores mediante la imposición de sobre precios a los combustibles. Sangran a la economía nacional. A lo largo de estos años ese despojo suma centenares de millones de dólares.
En cuanto a las repercusiones de las sanciones, hay que considerar que las operaciones de DNP eran de dos tipos: importación de hidrocarburos y distribución interna.
Evidentemente, la lepra que contrajo DNP con la sanción, le corta la posibilidad de seguir operando como importador. Vale mencionar que actualmente el principal proveedor de hidrocarburos es Estados Unidos. El 65% de las importaciones proviene de ese país y el 17% de Ecuador. Obviamente, ninguna empresa internacional se arriesgará a realizar más transacciones con DNP. Les descuajaron una de sus ramas más lucrativas de negocio.
El impacto inmediato de la ley aprobada por los sirvientes de Ortega en la Asamblea le permite, en primer lugar, salir de los inventarios. Con las sanciones, se evaporan cuentas bancarias y la posibilidad de realizar contratos con otros agentes económicos ¿qué hacer con los inventarios? La ley que acaban de imponer les resuelve ese problema. Lo que no está claro, porque no aparece en la ley, es cuánto va a pagar Ortega, en su carácter de mandamás, a Ortega, en su carácter de jefe de un grupo económico privado. ¿Cuántos millones costará al patrimonio público? En otras palabras ¿cuánto nos costará a los nicaragüenses esta operación? No lo sabemos.
Lo que tendremos que ver en los próximos días es qué hacen con la infraestructura. Es posible que intenten mantenerse en el negocio mediante la siguiente estratagema: fraccionar el patrimonio en pequeñas empresas a cargo de testaferros, que seguirían operando como pequeños distribuidores. De esta manera desaparecería DNP y Zanzíbar que son las entidades jurídicas sancionadas. Esta estratagema les permitiría seguir con el ordeño pero ya no pudieron evitar el impacto del golpe.
