La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante el 174 período de sesiones de audiencias públicas, recibió a una comitiva de la oposición nicaragüense para conocer sobre la aplicación de la cuestionada Ley de Amnistía, aprobada por la aplanadora orteguista en marzo 2019. Los representantes señalaron anomalías en la normativa y a la vez carencia de estándares interamericanos de Derechos Humanos.
La CIDH respaldó las inconsistencias y lamentó la ausencia del representante del régimen de Ortega. La audiencia pública se realizó en Quito, Ecuador, en la que participaron miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia como Medardo Mairena, líder campesino; Max Jerez, líder estudiantil; Yubrank Suazo, exreo político y líder del Movimiento 19 de Abril de Masaya. También, estuvo presente Asunción Moreno, catedrática de Derecho Penal y Constitucional, y Leonor Arteaga, de la Fundación para el Debido Proceso, quienes denunciaron el problema de aplicación de la Ley en los casos de los presos políticos.
La Relatora de la CIDH para Nicaragua, Antonia Urrejola, coincidió y señaló que “como CIDH hemos expresado que esta ley no cumple con los estándares interamericanos, por lo que hemos manifestado nuestra preocupación que denota el retroceso que se viven en varios países”. Igualmente, manifestó que “la falta de independencia judicial ha sido un patrón permanente denunciado en Nicaragua y que las víctimas no han logrado justicia”.

Mientras, Leonor Arteaga remarcó y denunció la estrategia que prevalece en el Estado nicaragüense. “Las personas quienes han sido excarceladas bajo esta ley han denunciado el hostigamiento, persecución y asedio del que continúan siendo víctimas por parte del gobierno”. Asimismo, señaló que “la ley está encaminada a generar impunidad para los actores estatales y sus allegados al impedir el procesamiento judicial de los responsables”.
El líder estudiantil Max Jerez remarcó que no hay voluntad de negociar por parte del régimen orteguista. “En la reanudación de la mesa de negociación el gobierno se comprometió liberar a todos los presos en un plazo de 90 días lo que no cumplió (…) días después mientras suspendió la negociación y aprobó esta ley con el objetivo de generar impunidad”.
Nota relacionada: CIDH documenta asedio, represión y persecución dirigida por el régimen orteguista
En tanto, Asunción Moreno señaló a la aplanadora orteguista de incumplimiento a las leyes de la Constitución Política de Nicaragua “esta fue aprobada con trámite de urgencia 24 horas después que la bancada del FSLN la presentara en el pleno legislativo” y manifestó que además “obstaculiza un verdadero proceso de acceso a la justicia en Nicaragua para las familias que han perdido a sus seres queridos y para los propios excarcelados quienes fueron sometidos a procesos penales sin garantías”.

El líder estudiantil, Yubrank Suazo denunció el ataque que sufrieron sus familiares por alzar su voz y exigir democracia e insistió en la persecución y asedio del que continúan siendo víctimas como expresos políticos y familiares por lo que solicitan a la CIDH “en sentido de urgencia que se utilice los mecanismos necesarios para acabar con todas estas violaciones y atropellos a los derechos humanos”.
Ausencia del representante del régimen de Ortega
El régimen Ortega Murillo se exhibió una vez más ante la comunidad internacional al no asistir a la audiencia pública solicitada por la CIDH. La comisionada Margarette May Macaulay señaló que “realmente es una circunstancia triste que el Estado de Nicaragua perpetúa al no participar en nuestros procesos, me parece muy mal este hecho, pero espero que en un futuro cercano este proceso sea resersvdo para el bien de todas las personas de Nicaragua”.

Edison Lanza, relator de la libertad de expresión de la CIDH, manifestó que los defensores de derechos humanos deben de continuar insistiendo y trabajando para reconocer cuáles son los mecanismos que generan la impunidad y aseguró que con “este informe que va en ese sentido, vemos como esta autoamnistía ha sido utilizada para no sancionar a los responsables”. Al finalizar su intervención, Lanzas expresó que el asesinato del periodista Ángel Gahona en Bluefields “es una señal preocupante para Nicaragua y para la región que tiene la mayor cantidad de periodistas asesinados …”. Condenó también la confiscación de medios de comunicación y las agresiones a periodistas independientes.