La periodista de Radio Darío y corresponsal de Canal 10 en Chinandega, Katia Reyes en horas de la mañana de este lunes, fue detenida por oficiales de la policía orteguista cuando intentaba dar seguimiento y documentar las explosiones que se reportaron el sábado 21 de septiembre en en el puente San Isidro del municipio El Realejo, departamento de Chinandega.
12 retenes de la Policía del régimen lo largo de la carretera hacia Ocotal y finalmente un escuadrón de más de cien efectivos armados, apostados en el puente El Chaparral, impidieron la llegada de dirigentes de la Coalición Nacional a la reunión organizativa de San Fernando, en Nueva Segovia.
Reyes aseguró a Artículo 66 que un trabajador de la Alcaldía de El Realejo, en Chinandega, ordenó a dos oficiales orteguistas retenerla e impedir su labor informativa. “Un sujeto en moto me señaló y ordenó a dos oficiales de policía que me retuvieran, estos (policías) se acercaron a mi y me interrogaron y me pidieron mi credencial de periodista”.
La periodista denunció que el sujeto que ordenó que la retuvieran se acercó a tomarle fotografías, sin embargo, “cuando intenté hacer lo mismo para registrar el rostro del trabajador, los oficiales me ordenaron que guardará mi celular, lo baje por miedo a que me quiten mi equipo, pero logré grabar cuando estoy reclamando al policía que obedeció la orden para que me retuvieran”.
Periodista de Chinandega Katya Reyes fue impedida de documentar los trabajos en el puente San Isidro, carretera El Realejo-Corinto, donde ocurrió una explosión el sábado 20 de septiembre. Reyes reclama al policía que obedeció a trabajador de la Alcaldía que ordenó que la sacaran. pic.twitter.com/0Yzk0jB4ST
— Artículo 66 (@Articulo66Nica) September 23, 2019
Reyes también relató que “los oficiales realizaron distintas llamadas en espera de ordenes para proceder con ella, hasta que llegó la jefa policial del municipio de El Realejo, Mayra Altamirano”.
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Según Reyes, la jefa policial llegó de forma prepotente a interrogarla y ordenó a los oficiales que se retiraran. Sin embargo, quedó en evidencia el abuso oficial contra el periodismo que ejerce su labor constitucional de informar.
