La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) emitió un comunicado de prensa la tarde de este este viernes, 16 de agosto, en el que anunció la reestructuración de su organismo político, que ha sido criticado porque hasta ahora no contaba con la representación de los estudiantes y campesinos.
Como parte de la reestructuración nombraron a Carlos Tünnermann, como Coordinador General de la Alianza Cívica, por ser considerado un referente para la organización, “por su trayectoria, honestidad e integridad en la lucha de los derechos humanos”, cita parte del comunicado.
La creación de este consejo ejecutivo estará integrado por ocho miembros, quienes darán seguimientos a todas las acciones que sean aprobadas por el plenario dentro de la oposición. Esta decisión fue tomada para “asegurar la mayor representatividad de la organización”.
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En la nueva conformación, el sector estudiantil será representado por el líder universitario y excarcelado político de la dictadura, Edwin Carcache, quien durante las protestas antigubernamentales lideró diferentes acciones de resistencia.
Esta reestructuración incluyó nuevamente al líder del Movimiento Campesino y exreo político, Medardo Mairena, quien participó de la primera instalación del diálogo nacional que se desarrolló en el Seminario de Fátima, en Managua. Mairena permaneció secuestrado por el régimen durante once meses, acusado de asesinar a cuatro policías y un profesor, durante el supuesto ataque contra una delegación policial de Morrito, Río San Juan.
El presidente de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), Juan Sebastian Chamorro fue elegido como director ejecutivo del consejo, Sandra Ramos representará el sector laboral, Daisy George, la Costa Caribe, Ernesto Medina, el sector académico, mientras la activista Azahálea Solís, será la representante de la sociedad civil, el empresario y presidente del COSEP, José Adán Aguerri, al sector privado, y José Pallais, al sector político.
La Alianza Cívica surgió en medio de la crisis sociopolítica, en mayo de 2018, cuando la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), hizo el llamado a los empresarios y al gobierno a instalar un diálogo nacional, donde los obispos figuraban como testigos y mediadores.
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Esta reestructuración se da luego que el régimen de Ortega decidiera poner fin a la mesa de negociación, que permaneció en impase desde mayo de este año. El 31 de julio, la Alianza Cívica había emplazado a la dictadura a reanudar las negociaciones para encontrar una salida a la crisis que vive el país desde abril de 2018, que dejó más de 325 ciudadanos asesinados y más de 70 mil exiliados.
Una vez que la dictadura dio por cerrado el diálogo, después del 19 de julio, la Alianza Cívica movió su ámbito de acción a trabajo con los territorios para recoger las inquietudes de la oposición, de cara a la coordinación de acciones para la presión política que obligue a Ortega reformar el sistema electoral y permitir elecciones libres, justas y transparentes.
