La tarde de este jueves, 11 de julio, se conoció que los senadores de Estados Unidos Ted Cruz y Bob Menendez enviaron una carta al Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, solicitando nuevas sanciones a Daniel Ortega, la exdirectora de la Policía Aminta Granera y cuatro jefes policiales que se han encargado de dirigir la represión, los asesinatos y asedios en contra de los nicaragüenses. Artículo 66 le detalla quiénes son los próximos candidatos a sanciones y el impacto que pueden tener en caso que sean aplicadas.
Perfil de los posibles sancionados por Estados Unidos
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A la lista se suma la excomisionada de la Policía, Aminta Granera, quien fungió como directora de esa institución hasta abril de 2018, poco después del estallido social. Granera se fue de la Policía bajo un clima de incertidumbre, desde su renuncia no se le vio en lugares públicos, durante meses calló las graves violaciones cometidas por el régimen. Granera no se dejó ver, hasta el seis de julio, durante el repliegue que el orteguismo realizó con una caravana hacia Masaya. En una fotografía se aprecia a la excomisionada, tirándole besos al dictador Ortega y su mujer Rosario Murillo, mientras estos se trasladaban en bus.
Expertos en seguridad aseguran que Aminta Granera podría ser sancionada específicamente por casos de corrupción y no por violación a los derechos humanos, pese a que bajo su mandato se perpetraron las primeras muertes en abril de 2018, previo a su renuncia.
“La responsabilidad de la Aminta en la represión, en las masacres en las manifestaciones fue una participación limitada, por eso se le sanciona específicamente por actos de corrupción. La sanción es más política porque en el mandato de ella, que fueron dos períodos continuos, es decir 10 años, la policía se descompuso y fue cooptada políticamente por el presidente la República”, afirmó un periodista que conoce sobre la institución policial y que aceptó hablar en condición de anonimato.
“La Policía fue desnaturalizada de su función y se ha convertido en un aparato de seguridad del régimen, ni siquiera en una policía orteguista, yo estoy en contra de que se le diga policía orteguista, porque el término Policía involucra protección y aquí no hay protección, la policía no protege a nadie, lo que se convirtió es en una guardia orteguista”, recalcó el reportero consultado.
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En la mira a tres funcionarios de “La Modelo” y la cárcel de mujeres
De igual manera, los altos funcionarios norteamericanos destacaron que tienen información de tres oficiales del Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como “La Modelo” , de ser cómplices de la muerte del ciudadano estadounidense Eddy Montes; asesinado a balazos por un custodio, el 16 de mayo, y del cual no se ha hecho ninguna investigación.
Los señalados son: El director general del Sistema Penitenciario Julio Guillermo Orozco, el director de “La Modelo”, Tipitapa, Darling Morales Duarte; y el director de máxima seguridad en el Sistema Penitenciario, Donald Pérez Garay.
Estos tres carceleros del régimen fueron ubicados en la lista de posibles sancionados, directamente por estar implicados en el asesinato del preso político Eddy Montes. La abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Leyla Prado, explicó que ella acompañó a la hija de Montes a interponer la denuncia contra los funcionarios del penal, en la Fiscalía General de la República, porque “la Ley 745, Ley de Control Jurisdiccional de las sanciones penales, en su artículo 70 dice que en caso de fallecimientos de privados de libertad, la administración penitenciaria informará a lo inmediato a la Procuraduría de Derechos Humanos y a juez competente”.
La defensora Prado argumentó, que el Código Penal además establece que “un delito se comete no solo por acción, sino por omisión” y que al omitir la información y actuar con hermetismo, estos funcionarios bloquearon la posibilidad de que la familia conociera con transparencia las circunstancias de la muerte de Montes, quien además era ciudadano norteamericano y había sido encarcelado por apoyar las protestas en Matagalpa.
El exreo político Yubrank Suazo identificó a uno de lo jefes del penal, quien dirigía las torturas, mandado expresamente por el director Julio Guillermo Orozco. “El que nosotros teníamos contacto directo, quien se encargó de las torturas físicas que recibimos es Roberto Guevara, director de la 300. Este señor nos prohibía que se nos abrieran las ventanitas, que estaban ubicadas en las puertas de las celdas, esto evitaba que hubiera ventilación, nos prohibía el ingreso de alguna literatura para poder leer. Él particularmente fue quien me golpeó personalmente cuando estuve encerrado”, expresó Suazo.
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La exguerrillera Dora María Téllez asegura que estas sanciones afectan directamente a los funcionarios sandinistas. Además aseguró que la institución solo cuenta con jefes policiales “dedicados a la criminalidad, al crimen organizado que no podrán tener ningún vínculo económico que tenga que ver con Estados Unidos. Estos van quedando como parias internacionales y perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos”.