Policía de Nueva Guinea secuestra a líder campesino y lo mantiene incomunicado

La Policía orteguista continúa realizando detenciones ilegales a ciudadanos que no están a favor del régimen de Daniel Ortega. El lunes, primero de julio, fue secuestrado por la guardia orteguista el líder campesino Pedro José Romero Cabrera, de 55 años; originario de Nueva Guinea. Abigail del Carmen Romero Ruiz, hija del ciudadano detenido, denunció el secuestro ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

«Yo vengo a poner la denuncia, que agarraron a mi papá en Nueva Guinea, el lunes a las 10 de la noche, el venía a una reunión del Movimiento Campesino, cuando él se iba a montar al bus llegó la policía, lo detuvieron y lo golpearon», afirmó la hija del detenido.

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Pedro José Romero forma parte del Movimiento Campesino y el día de su captura venía a Managua a participar de una reunión convocada por dicho movimiento. Desde el día de su captura permanece en la estación policial de Nueva Guinea, sin que la familia conozca mayores detalles.

«Yo anduve ayer pasándole comida a las cuatro de la tarde en la estación policial de  Nueva Guinea, yo les pregunté  que me dijeran la verdad que si ahí lo tenían, entonces me dijeron que ahí estaba, yo les pregunté que porqué lo tenían detenido y me dijeron que ellos no me podían dar esa declaración», afirmó la hija del campesino.

Por su parte, la CPDH afirmó que el actuar de la Policía corresponde a un acto de secuestro, ya que no realizó los debidos procedimientos que manda la ley para ejecutar la detención de un ciudadano. Asimismo expresó que el día de ayer, como institución defensora de derechos humanos presentaron un recurso de exhibición personal para que el Tribunal de Apelaciones nombre un juez ejecutor que ordene «intimar a la autoridad policial» para que ponga en libertad al líder campesino.

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«Desde hace cuatro días don Pedro está privado de su libertad, por lo tanto hablamos que en el presente caso quien está violando la ley es la policía, estamos hablando de un secuestro simple y nosotros como institución de derechos humanos tenemos que condenar actos delictivos como estos», afirmó Pablo Cuevas, asesor de la CPDH.

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