La comisionada recién electa de la ciudad de Sweetwater, en Miami-Dade, y de origen nicaragüense, Sophia Lacayo, ha solicitado al Departamento de Estado de los Estados Unidos la expulsión de la alcaldesa de Managua, Reyna Rueda, quien participa en una actividad en Miami. Además, pide la revocación de la visa de la funcionaria del régimen orteguista por considerarla cómplice de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Lacayo dijo a Artículo 66 que van a enviar pruebas para solicitar que a Rueda se le aplique la Ley Global Magnitsky. “Las pruebas que se encuentran en las redes sociales, más las pruebas que me han entregado y todo lo que se ha dicho sobre ella, se puede aplicar. Toda persona que haga negocios con una persona que tiene la Ley Global Magnitsky también es condenable” y sostuvo que hará una denuncia pública para evitar que la delegada de la Alcaldía de la capital nicaragüense sea bien recibida.
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Tras la convocatoria que realizó la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) en conjunto con la Unión de Presos Políticos de Nicaragua (UPPN) para realizar una conferencia de prensa donde los movimientos sociales se pronunciarían ante el comunicado emitido por la dictadura de no liberar a más reos políticos, la guardia orteguista desplegó a la zona al menos cinco patrullas con oficiales del régimen para asediar las cercanías del Hotel Brandt en Managua.
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Los oficiales de la guardia permanecieron en la zona durante más de tres horas tomando fotografías y sonando las sirenas de las patrullas en una clara intimidación a los miembros de esas organizaciones, quienes respondieron con un piquete express en el que nuevamente repitieron: “Ortega escucha seguimos en la lucha”. Hasta el punto se presentó el agente del orteguismo, el comisionado Fernando Borge, quien calló ante los cuestionamientos de los periodistas sobre el por qué del hostigamiento contra quienes decidieron realizan un plantón pacífico que solo fue acompañado por banderas de Nicaragua y carteles demandando libertad, justicia y democracia.
El plazo de los 90 días finalizó y la dictadura orteguista incumplió el acuerdo de liberar a todos los presos políticos, porque más de 80 personas continúan secuestradas. Desde tempranas horas del miércoles, 19 de junio, las madres de presos políticos y exreos de la tiranía se apostaron en las afueras del Sistema Penitenciario Jorge Navarro, mejor conocido como “La Modelo”, para exigir la libertad de los ciudadanos que aún permanecen encarcelados por protestar contra el régimen.
“Estos muchachos que fueron compañeros de cárcel nuestra no pueden quedar aquí, y nosotros no podemos estar tranquilos en nuestras casas esperando que el régimen nos haga un favor, porque ya emitió su comunicado y tenemos que hacerlo cambiar y para lograr eso hay que ejercer presión popular, presión política y presión internacional”, expresó Ricardo Baltodano, el profesor universitario que permaneció encarcelado por expresar su descontento con la tiranía.
Continuaremos presionando al régimen de Ortega bajo nuestras autoridades legales existentes, incluyendo la “Nica Act” de 2018, y trabajaremos con socios internacionales para promover la rendición de cuentas por violaciones y abusos de los derechos humanos por el régimen.
— Kimberly Breier (@WHAAsstSecty) 19 de junio de 2019
La asistente del Secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Kimberly Breier, afirmó a través de su cuenta en Twitter, que seguirán presionando al dictador Daniel Ortega para que cumpla con el acuerdo firmado en la mesa de negociación con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y Democracia que consiste en la liberación de todos los presos políticos en un plazo máximo de 90 días, mismos que se vencieron este 18 de junio. “El Presidente Ortega aún tiene pendiente la restitución de las libertades fundamentales, según lo acordado en marzo con la Alianza Cívica de Nicaragua. El mundo sigue esperando el cumplimiento de estos compromisos”, señaló la funcionaria de la administración de Donald Trump y al mismo tiempo aseguró que continuarán presionando al régimen bajo normas legales existentes, lo cual incluye la aplicación de la Ley “Nica Act”, que vetará las solicitudes de préstamos que haga la tiranía a los organismos multilaterales.
