La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sigue de cerca la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua desde el 18 de abril de 2018. En esta ocasión la organización internacional hizo un llamado a la dictadura orteguista, a través de su cuenta en Twitter, que regrese las personerías jurídicas canceladas durante el estallido social, a nueve organizaciones civiles, entre ellas a defensores de derechos humanos. La CIDH también recomendó desmantelar los grupos paramilitares que fueron armados por el Frente Sandinista, desde el gobierno.
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La CIDH también demandó al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo permitir el retorno seguro de los más de 60 mil exiliados en diferentes países , como también garantizar la verdad, justicia, reparación y no repetición.
El Estado de #Nicaragua debe restituir personerías canceladas; respetar libertad de prensa devolviendo instalaciones y bienes ocupados; permitir retorno seguro de la diáspora; desmantelar grupos parapoliciales; y garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición. #MESENI https://t.co/QVUv9bdAhJ
— Paulo Abrāo (@PauloAbrao) 12 de junio de 2019
Entre las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que el dictador le canceló las personerías figuran el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), el Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la Fundación del Río, la Fundación Popol Na y la Asociación Hagamos Democracia y el Instituto de Liderazgo de Las Segovias (ILSS).
Asimismo la CIDH instó al régimen a implementar los acuerdos firmados y a cumplir con sus obligaciones internacionales con respecto a los derechos humanos, mismos que han sido violados por la dictadura.
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La CIDH lamentó el hecho que en Nicaragua se continúe restringiendo la libertad de expresión y de la libre manifestación, que constituye un derecho de todos los nicaragüenses. “En Nicaragua, la libertad de expresión, la protesta social y los espacios cívicos propios de una sociedad democrática siguen seriamente restringidos. CIDH considera que la impunidad persiste en casos donde se registraron graves violaciones a los derechos humanos”, enfatizó el organismo.
