La hija de Eddy Montes exigió al régimen de Daniel Ortega que practique una autopsia al cuerpo de su padre, quien fue ultimado a tiros por un custodio del penal de “La Modelo” el jueves, 16 de mayo. Eddy Montes era uno de los presos políticos de la dictadura y tenía ciudadanía estadounidense. La familiar del reo aseguró que están “esperando que el médico general les dé tres elementos que necesita la autopsia independiente que tenemos que es la foto, los vídeos y el tejido patológico de mi papá y no nos están dando nada. Nosotros hemos mandado a ella (la abogada) para que pida esas cosas y no nos quieren dar, y eso se me hace injusto porque tengo el derecho de saber que pasó con mi papá y que le pasó al cuerpo mientras estaba a disposición del gobierno”.
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Jaffet Montes también denunció que sus familiares que residen en Nicaragua han recibido amenazas, razón por la que sus hermanos decidieron no viajar al país para evitar ser víctimas de ataques por parte de la dictadura. “Yo vivo en California y tengo miedo que cuando me vaya ataquen a mi familia que vive aquí”, remarcó la joven, durante una rueda de prensa en la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH). Asimismo, señaló que no confía en la justicia orteguista, por lo cual descarta la veracidad de cualquier dictamen que venga del Gobierno.
La tiranía de Daniel Ortega confirmó que en los próximos días presentará ante la Asamblea Nacional la aprobación de la Ley de plan integral de atención a víctimas del terrorismo golpista de abril, mayo, junio y julio de 2018, basado en el principio de perdón, no olvido y no repetición”. La ley del perdón o amnistía de la dictadura será usada para proteger a los paramilitares y grupos de choque del régimen al igual que a los oficiales de la guardia orteguista ante cualquier investigación que compruebe su participación en la masacre dirigida por el Estado desde abril de 2018. Igualmente, la emplearán para justificar la excarcelación de los presos políticos, lo que ha causado descontento en las filas del Frente Sandinista.
El Comité Pro Liberación de Presos Políticos actualizó la lista de los ciudadanos que la dictadura mantiene secuestrados por protestar en su contra ante las violaciones a los derechos humanos contra los nicaragüenses. Según la organización que aglutina a familiares de detenidos, en total hay 730 presas y presos políticos, de los cuales a 401 se les ha cambiado el régimen carcelario y 227 permanecen encerrados en los distintos reclusorios del país. De estos, 102 personas están detenidas sin tener proceso judicial abierto.
La abogada y líder del Movimiento 19 de Abril de Masaya, María Adilia Peralta, denunció que después de que la dictadura le cambiara el régimen carcelario la han mantenido vigilada y amenazada para que no participe en protestas contra el régimen y además le han prohibido salir del departamento de Masaya. Peralta, quien estuvo encarcelada por diez meses, recalcó que un custodio le dijo que tenía “prohibido andar en marchas ni en ningún lugar donde haya manifestaciones” y le insistieron en que “no desaproveche esta oportunidad que se le está dando. Yo solo me puse a reír, porque obviamente es un claro ejemplo de intimidación para que no levante mi voz en contra de este régimen opresor”, remarcó la también esposa del preso político, Christian Fajardo.
