Una facción del Parlamento Europeo presentó una propuesta preliminar que deberá ser consensuada con el resto de partidos políticos que conforma la eurocámara para aprobar una resolución sobre la crisis sociopolítica que vive Nicaragua.
La propuesta parlamentaria fue consignada bajo el código B80170/2019 y de ser aprobada tal y como está, los eurodiputados estarían presionando por la activación de la “cláusula democrática” de la Unión Europea (UE), que suspendería a Nicaragua del Acuerdo de Asociación entre Europa y América Central.
La iniciativa de resolución le recuerda a Daniel Ortega y a Rosario Murillo en el inciso 10, que “a la luz del Acuerdo de Asociación entre la UE y los países de América Central, Nicaragua debe respetar los principios del estado de derecho, la democracia y los derechos humanos, tal como los confirma y promueve la UE; insta a que la cláusula democrática se activará, que suspendería a Nicaragua del Acuerdo de Asociación entre la UE y América Central”.
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Según el documento no van a imponer sanciones que afecten más al pueblo de Nicaragua, resaltando que la represión ha incrementado desde la visita de una delegación de eurodiputados entre el 20 y 23 de enero de este año.
El documento establece que de ser aprobada la resolución, el europarlamento instará “a la UE y a los Estados miembros a que continúen supervisando la situación y urge a considerar la implementación de sanciones específicas e individuales contra las personas del Gobierno, responsables de violaciones de derechos humanos (y no) deberían perjudicar a la población en general”.
Asimismo, los parlamentarios lamentan el fracaso del nuevo diálogo nacional, en el cual no hubo voluntad por parte del gobierno, ya que mantiene secuestrados a más de 600 presos políticos. Destacan que el diálogo debe de ser “inclusivo” donde participen los representantes de todos los sectores.
La resolución sobre la situación de Nicaragua será discutida el 13 y 14 de marzo en sesión plenaria, la cual resaltan las diversas violaciones a los derechos humanos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra los nicaragüenses que protestan desde abril de 2018.
