La Cámara Alta de Estados Unidos aprobó este martes 27 de noviembre, de manera unánime la Ley Nicaraguan Investment Conditionality Act o Ley Nica Act, que busca sancionar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Para convertirse en Ley, se deberá cumplir dos pasos más. Deberá pasar al Congreso para la aprobación de la enmienda propuesta y aprobada por el Senado, que según expertos no tendrá obstáculos debido a que la Nica Act fue aprobada por la Cámara Baja en el 2017. Como último paso, la Nica Act deberá pasar a manos del presidente de Estados Unidos para su firma, quien tiene un plazo de diez días. Luego, entraría en vigencia.
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La Nica Act está dirigida a sancionar los abusos a los derechos humanos y la corrupción del régimen de Daniel Ortega. Fue propuesta por la congresista Ileana Ros-Lehtinen y fusionada por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, mediante una enmienda, con la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua (S.3233), del senador Bob Menéndez.
Felicito al Senado por aprobar mi #NICAAct. Ninguna nación responsable debe ser cómplice en permitir que #Ortega use $$ internacional p subsidiar sus tácticas represivas. EEUU no se quedará d brazos cruzados mientras régimen mantiene control sobre el poder https://t.co/mYqt4Kg2Rg
— Ileana Ros-Lehtinen (@RosLehtinen) 28 de noviembre de 2018
La aprobación en el Senado, ocurre horas después que la Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, sancionó a la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo y al secretario privado de Daniel Ortega, Néstor Mocanda Lau.
Según el Departamento del Tesoro, las sanciones se dan de conformidad con Orden Ejecutiva, dirigida al régimen de Ortega y sus partidarios, quienes continúan participando en una corrupción desenfrenada, desmantelando instituciones democráticas, abusos graves contra los derechos humanos, y explotación de las personas y recursos públicos de Nicaragua, para beneficio privado.
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La sanción de Estados Unidos a Rosario Murillo y Néstor Moncada Lau, provocó la reacción del régimen Ortega-Murillo, que rechazó la Declaración y Resolución, que con carácter de Orden Ejecutiva, emitió el Gobierno de los Estados Unidos y la calificó como “la continuidad histórica de la injerencia y la política intervencionista”.
