La Cámara Alta de Estados Unidos aprobó este martes 27 de noviembre, de manera unánime la Ley Nicaraguan Investment Conditionality Act o Ley Nica Act, que busca sancionar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.Para convertirse en Ley, se deberá cumplir dos pasos más. Deberá pasar al Congreso para la aprobación de la enmienda … Continuar leyendo
La Cámara Alta de Estados Unidos aprobó este martes 27 de noviembre, de manera unánime la Ley Nicaraguan Investment Conditionality Act o Ley Nica Act, que busca sancionar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Para convertirse en Ley, se deberá cumplir dos pasos más. Deberá pasar al Congreso para la aprobación de la enmienda propuesta y aprobada por el Senado, que según expertos no tendrá obstáculos debido a que la Nica Act fue aprobada por la Cámara Baja en el 2017. Como último paso, la Nica Act deberá pasar a manos del presidente de Estados Unidos para su firma, quien tiene un plazo de diez días. Luego, entraría en vigencia.
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La Nica Act está dirigida a sancionar los abusos a los derechos humanos y la corrupción del régimen de Daniel Ortega. Fue propuesta por la congresista Ileana Ros-Lehtinen y fusionada por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, mediante una enmienda, con la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua (S.3233), del senador Bob Menéndez.
La aprobación en el Senado, ocurre horas después que la Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, sancionó a la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo y al secretario privado de Daniel Ortega, Néstor Mocanda Lau.
Según el Departamento del Tesoro, las sanciones se dan de conformidad con Orden Ejecutiva, dirigida al régimen de Ortega y sus partidarios, quienes continúan participando en una corrupción desenfrenada, desmantelando instituciones democráticas, abusos graves contra los derechos humanos, y explotación de las personas y recursos públicos de Nicaragua, para beneficio privado.
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La sanción de Estados Unidos a Rosario Murillo y Néstor Moncada Lau, provocó la reacción del régimen Ortega-Murillo, que rechazó la Declaración y Resolución, que con carácter de Orden Ejecutiva, emitió el Gobierno de los Estados Unidos y la calificó como “la continuidad histórica de la injerencia y la política intervencionista”.
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