Ciudadanos de Jinotega y Carazo denunciaron, ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), las detenciones arbitrarias e ilegales cometidas por la Policía del régimen de Daniel Ortega, en el transcurso de ésta semana, en contra de quienes protestaron contra el régimen de Daniel Ortega.
En Jinotega la Policía detuvo a unos 15 ciudadanos y en Jinotepe, Carazo, dos jóvenes fueron llevados a las celdas acusados de, supuestamente, participar en el asesinato de Bismark Martínez, en todos éstos casos los agentes no cumplieron con presentar orden de captura, explicarles los motivos de su detención o capturar a los ciudadanos en flagrante delito. Además, muchos de hombres detenidos ya han cumplido con más de 48 horas de estar retenidos y no han sido presentados cargos en su contra, resaltaron los defensores de la CPDH.
Entre los detenidos, en Jinotega, se encuentran Greybing Tinoco, de 29 años, Félix José Picado, de 53 años, Jony José Leiva, Joel Blandón y Orlando Granado. De los quince casos de ciudadanos detenidos, en Jinotega, ocho fueron denunciados en la filial de la CPDH en ese municipio. No obstante, no pudieron llegar a Managua porque son de escasos recursos.
Los parientes de Tinoco y Picado viajaron hasta Managua para exponer su denuncia ante medios de comunicación e interponer el recurso de exhibición personal, ante las autoridades del Poder Judicial.
Reyna Teresa Tinoco, mamá de Greybing Tinoco, portando la fotografía de su hijo, denunció que agentes de la Policía llegaron a su casa, el pasado 26 de septiembre, en el barrio El Llano de la Tejera, a eso de las seis de la mañana, momento en el que ya no se encontraba pues se va a su trabajo desde las cinco, y sacaron a hijo por la fuerza, sin orden de captura y de allanamiento de morada, sin dar mayor explicación del por qué.
“Como a las seis de la mañana me llaman y me dicen que hay patrullas en mi casa y que me lo están montando (Greybing Tinoco a la patrulla. Cuando yo llegué ya lo tienen enchachado (esposado). Yo pregunté por qué se me lo llevan (…), pero nadie me quiso contestar (…) Cuando yo me paro en la puerta miro que están adentro tomado fotos, registrando las cosas, me dejaron un solo desastre en la casa. Hasta a mis nietos que son menores de edad; de cuatro y nueve años, me les hicieron preguntas”, detalló evidentemente angustiada la mamá de Greybing Tinoco.
En el mismo barrio El Llano de la Tejera fue detenido Félix José Picado, de 53 años, a eso de las cinco de la mañana, del pasado 27 de septiembre, denunció su hermano Jerónimo Picado ante la CPDH. El ciudadano Félix Picado fue parte de la resistencia del Frente Sandinista y ahora, al igual que Tinoco, la Policía lo acusa de “terrorista” y de “portar drogas”, según el testimonio de la familia.
Al momento de la detención, Picado se encontraba en su casa de habitación, lugar en el que funciona un pequeño negocio de comideria de su hermano, los agentes también arremetieron contra el negocio; revisaron y dejaron todo un tiradero, sin mostrar ninguna orden de allanamiento o de captura, detalló Jerónimo Picado en su denuncia.
Ambas familias jinoteganas aseguraron que sus parientes detenidos son hombres trabajadores. Tinoco laboraba para un taller de mecánica y Picado en un puesto de venta de frutas. La solicitud de éstos ciudadanos jinoteganos es que se libere a sus familiares “porque son inocentes y ni siquiera han participado en ninguna marcha azul y blanco para que los vena como sus enemigos”.
Detienen a jóvenes jinotepinos por supuestamente asesinar a Bismark Martínez
Ligia Castillo Blanco es la tía de Jack Josúe Castillo, de 18 años, y Flavio Alexander Castillo, de 20 años, y se presentó a la CPDH para denunciar la detención arbitraria de ambos.
El 26 de septiembre, a las siete de la mañana, ocurrió la detención de Jack Josué Castillo López, agentes de la Policía junto a sujetos encapuchados y armados llegaron a sacarlo de su casa, en el barrio Francisco Chávez, y también subieron a su abuela María Guadamuz, de 74 años, a la tina de la camioneta, donde llevaba al joven hacia las celdas de Jinotepe, pero la bajaron dos cuadras después.
La detención de Flavio Alexander Castillo se dio un día antes, el 25 de septiembre, a eso de las cinco o seis de la tarde, cuando agentes de la Policía llegaron a llevárselo de su centro de trabajo, en la terminal de buses en Jinotepe. Ambos primos son acusados de “terrorismo, crimen organizado y de asesinar a Bismark Martínez”.
Bismarck Martínez es un trabajador de la Alcaldía de Managua que está desaparecido, desde el pasado seis de junio, y ha sido usado por el régimen de Daniel Ortega como bandera, para demandar “que paguen los golpistas, asesino”. El régimen de Ortega ha señalado que Martínez fue secuestrado por “los terroistas y golpistas”, que permanecían en el tranque de Jinotepe, en Carazo, mientras regresaba de su trabajo. Sin embargo, ahora la Policía captura a los primos Castillo y los acusa de asesinarlo.
A la tía de ambos jóvenes la Policía la citó para insistir en que les dijera dónde estaba el cadáver de Martínez, mismo al que aseguran los jóvenes asesinaron, “me hicieron ir a las oficinas para que les dijera dónde está el cadáver de un tal Bismark, yo no les puedo decir porque no sé, ni siquiera sé de quién me hablan. Me amenazaron de que si yo no decía dónde estaba el cadáver me irían a poner droga en mi casa y me acusarían de tenencia de drogas y del asesinato”.
Ligia Castillo solicitó a los defensores y a la comunidad internacional que le ayuden a libertar a sus sobrinos, además, dejó claro que si la detienen será por delitos inventados.
Los defensores de la CPDH afirmaron que darán seguimiento legal en los casos de las detenciones arbitrarias en Jinotega y Jinotepe. En el caso de los ciudadanos secuestrados en Jinotega refirieron que interpondrán recursos de exhibición personal e investigarán si realmente fueron trasladados a las celdas de Auxilio Judicial. Asimismo, los defensores señalaron que la Policía está incurriendo en graves delitos al no presentar orden de captura, orden de allanamiento de morada, no informar a las familias del paradero de sus familiares, no informar de manera legal los cargos por los que se detienen a los ciudadanos y retenerlos por más de 48 horas.
