La criminalización de los ciudadanos que protestan en contra del régimen de Daniel Ortega son el pan de cada día en Nicaragua, aunque el orteguismo intente mostrar una falsa “normalidad”. Los siete ciudadanos y lideres estudiantiles que fueron capturados en una manifestación azul y blanco en León, el pasado 25 de agosto, hoy fueron presentados por la Policía orteguista como “terroristas y asesino”.
Los jóvenes: Byron Corea Estrada, Luis Hernández Quiroz, Nahiroby Olivas Valdivia, integrantes del Movimiento 19 de Abril de León; Levis Artola Rugama, Victor Obando Valverde y Yaritza Rostrán Mairena, miembros de la Coordinadora Universitaria por la Justicia y la Democracia y Juan Pablo Alvarado, poblador de León fueron detenidos arbitrariamente antes de llegar a la iglesia de Guadalupe, punto en el que estaba previsto a finalizar la movilización azul y blanco que demandaba justicia, paz, libertad de presos políticos y democracia.
Este 29 de agosto, la Policía Orteguista presentó a los siete jóvenes como los integrantes de “grupos terroristas” y los acusó de “participar de la muerte del joven Cristian Emilio Cadena, el pasado 20 de abril, en León”. Los delitos que se le imputan son “terrorismo, homicidio, incendio, secuestro, robo con intimidación y amenaza de muerte”.
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La súplica de sus familiares y amigos frente a la estación policial de León no sirvieron de nada. Los autoconvocados, sacerdotes, familiares y amigos, ese 25 de agosto, hicieron vigilia para demandar su libertad, pero la respuesta de las autoridades fue que ya había sido trasladados a las celdas de Auxilio Judicial, mejor conocido como El Chipote. La indignación y el dolor que provocó esa noticia no fue mayor que la conmoción que causó en las madres de los jóvenes universitarios al darse cuenta de que ahora sus hijos estaban siendo acusados de “terroristas y homicidas”.
En una sala del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) se escuchaba un llanto descontrolado, acompañado de gritos desgarradores. Ese era el sonido del dolor de la madre de Byron Corea Estrada cuando se enteró de los delitos que le adjudicaban a su hijo, únicamente, por manifestarse en contra de la represión del régimen de Ortega.
Las madres de tres de los jóvenes, una vez que lograron tranquilizarse ante las noticias que recibieron por parte de los canales oficialistas sobre la criminalización de sus hijos, se pronunciaron en las instalaciones del Cenidh asegurando que rechazaban y repudiaban los delitos que se le imputan a sus hijos.
“Repudiamos las acusaciones. (…) Toda Nicaragua y León sabe que los jóvenes no son terroristas. Lo que pedimos es libertad inmediata para ellos. No los hemos podido ver. Los tienen aislados, pedimos verlos porque ellos no son terroristas, ellos no han quemado el CUNN (Centro Universitario de la Universidad Nacional), ni han secuestrado a nadie. (…) Repudiamos todos esos cargos que se le están imputando a todos los chavalos, a los siete”, afirmó la madre de Byron Corea, quien aún tenía sus ojos hinchados de tanto llorar.
Cenidh señala que las acusaciones son “ilegales”
El defensor de derechos humanos del Cenidh, Braulio Abarca, aseguró que en primer lugar condenan las acusaciones que se están girando para criminalizar a los manifestantes pacíficos y, en segundo lugar, que las autoridades de la Policía están violentando desde todo punto de vista los derechos de los siete jóvenes que ahora acusan de “terroristas”.
Abarca explicó que el Cenidh ya estaba dando acompañamiento a los siete casos y que el Tribunal de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia ya había otorgado un “mandamiento de libertad para los jóvenes; Levis Artola Rugama, Victor Obando Valverde y Yaritza Rostrán Mairena, quienes además cuentan con medidas de protección especial de la Comision Interamericana de Derechos Humanos”.
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El Cenidh afirmó que continuarán dando acompañamiento al caso de los siete jóvenes y seguirán denunciando las violaciones que se cometen, pues a los procesados no se les está garantizando su debido proceso penal y no se les dan ni las más mínimas garantías de justicia. Asimismo, los defensores del Cenidh indicaron que informarán a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas al igual que a la Comisión Interamericana de Derechos Huamanos, todas estas fragantes violaciones a los derechos humanos de los manifestantes pacíficos.
