La persecución y criminalización por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de manifestantes, opositores y nicaragüenses que participaron en las protestas son algunos de los puntos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) logró constatar por medio del informe enviado por el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI).
La nota de prensa resalta que “entre el 19 y 30 de julio, el MESENI recibió información alarmante sobre la activación de prácticas de persecución judicial y criminalización contra las personas opositoras al régimen del Gobierno, manifestantes, estudiantes, activistas y defensores de derechos humanos”.
La organización también constató la “intensificación” de la represión y los operativos en conjunto de la Policía orteguista y paramilitares a través de lo que el régimen denominó “operación por la paz”, donde a punta de balas levantaron los tranques que mantenía la ciudadanía como forma de resistencia y protección por los ataques de las fuerzas combinadas de la dictadura. Tras estas acciones, se dieron detenciones arbitrarias “efectuadas con violencia por grupos encapuchados y armados” donde no se les indicó ni “los cargos que se les imputan; ni órdenes judiciales, ni sus familiares reciben información sobre el lugar al que serán llevados” y al ser entregados a la Policía habían sido golpeados o torturados.
Entre estas detenciones, incluyen los casos de Irlanda Jerez, líder de los comerciantes autoconvocados en el Mercado Oriental, Christian Fajardo y María Adilia Peralta, integrantes del movimiento 19 de abril en Masaya, quienes estarían siendo acusados de los delitos de terrorismo, financiamiento al terrorismo, crimen organizado y entorpecimiento de servicios públicos por su respaldo a las protestas.
Aumenta número de víctimas
El último informe de la CIDH eleva a 317 la cifra de muertos en el contexto de las protestas que iniciaron el 18 de abril. De este número, la organización de derechos humanos registra 23 niñas, niños y adolescentes fallecidos.
Este dato contrasta con la cifra oficial que maneja el régimen de Ortega, quien dice que, según su registro, son solo 195. Daniel Ortega señaló que la CIDH miente en el número de muertos, a pesar de que el MESENI ha estado de forma permanente en Nicaragua, después de que se lograra, a través de la presión de los obispos y de la Alianza Cívica, que el Estado enviara invitación oficial a la CIDH y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para que investigarán los sucesos violentados registrados en el país tras las manifestaciones en contra de la dictadura.
La comisionada Antonia Urrejola, Relatora de la CIDH para Nicaragua, resaltó que “la Comisión Interamericana condena todos los asesinatos registrados e insta al Estado de Nicaragua a investigar con prontitud y seriedad cada uno de estos crímenes. El Estado debe llevar un registro actualizado, confiable y transparente de todas las muertes”.
Líderes campesinos agredidos
La CIDH también conoció sobre las violaciones a los derechos humanos de los líderes del movimiento campesino, Medardo Mairena y Pedro Mena, quienes, según el informe, fueron víctimas de malos tratos en la Dirección de Auxilio Judicial (El Chipote).
El Comisionado Joel Hernández, Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de la Libertad destacó “con suma preocupación del aumento vertiginoso de personas detenidas sin las garantías del debido proceso y hacemos un llamado urgente al Estado a asegurar el estricto cumplimiento de la ley y demás garantías procesales de todos las personas detenidas, de conformidad con los estándares internacionales en esta materia. El Estado debe dar pronta liberación a todas las personas detenidas arbitrariamente y bajo cargos infundados”.
El régimen tampoco ha dado respuesta a la CIDH para que visiten las cárceles y así poder entrevistarse con los ciudadanos que mantienen privados de libertad acusado, en su mayoría, de “terrorismo” por participar en las protestas en contra de Ortega.
Persecución a la prensa
Los representantes de la CIDH lograron constatar la persecución en contra de la prensa independiente. Los casos específicos del periodista Roberto Collado, corresponsal de Canal 10 en Granada, quien fue golpeado y detenido por encapuchados tras la cobertura de una movilización azul y blanco en esa ciudad y el de Francisco “Paco” Espinoza, corresponsal en Jinotega del noticiero Acción 10, señalado de secuestro, asalto, tortura, asesinato frustrado y lesiones están documentados en el informe.
