Los Senadores de Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos, presentaron, este 18 de julio, un proyecto de ley con la que se pretende ampliar las sanciones que se están girando en contra de los funcionarios nicaragüenses, que ejecutan o apoyan la corrupción y represión en Nicaragua.
La “Ley para los Derechos Humanos y la Lucha contra la Corrupción en Nicaragua de 2018”, que pretenden aprobar los senadores estadounidenses, fue presentada por el demócrata Bob Menéndez, ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, según informó la Agencia EFE, que recibió la exclusiva de parte de Menéndez.
El proyecto de Ley fue firmado por los senadores: Ted Cruz de Texas, Bob Menéndez de New York, Bill Nelson de Florida, Marco Rubio de Florida, Dick Durbin de Illinoi, David Perdue, Patrick Leahy, Tim Kaine, Ben Cardin, Tom Cotton y John Cornyn. El fin de la legislación es pedir la aplicación de sanciones por parte de Washington, en contra de todos los “responsables de la muerte de personas que participaron en las protestas”, afirmó Menéndez.
Hasta el momento, la crisis de Nicaragua, iniciada el pasado 18 de abril, ha dejado a más de 351 personas asesinadas y más de 2 100 heridos, según la Asociación Nicaragüense ProDerechos Humanos (ANPDH). Ante esto, los senadores estadounidenses han demostrado su preocupación, pues aseguran que quien debe proteger a los ciudadanos, es quien está atacando. Menéndez explicó que “no pueden permanecer en silencio mientras Daniel Ortega y Rosario Murillo atentan contra su propia gente, tal y como ponen de manifiesto las imágenes de estudiantes siendo tiroteados al buscar asilo en una iglesia”.
Estados Unidos, en los últimos tres meses, ha insistido en que el régimen de Daniel Ortega debe buscar solución política negociada a la crisis de Nicaragua y, con esta Ley, vendrían a exigirle a que se comprometa con las elecciones anticipadas,además, demandaría informes de inteligencia, sobre la participación de funcionarios del gobierno nicaragüense en la corrupción y los abusos contra los derechos humanos.
“Esta legislación es el último paso para hacerlos responsables, a menos que estos abusos terminen, no será el último. Existe un nexo coalescente de cooperación de seguridad entre Nicaragua, Rusia y Venezuela que representa un riesgo directo para la seguridad nacional estadounidense. Apuntar a los activos de los líderes sancionados de Nicaragua, como se requiere en este proyecto de ley, ayudará a revelar la red de instituciones financieras que se utilizan para actividades ilícitas”, afirmó el senador Cruz.
La Ley busca que el presidente Donald Trump imponga “sanciones contra los funcionarios nicaragüenses responsables de los continuos abusos en contra los derechos humanos y la corrupción”.
Los senadores estadounidense dejan claro que su propuesta de Ley es para apoyar al pueblo nicaragüense. Además, le demuestran al régimen de Ortega que “la comunidad internacional no tolera la erosión constante de la democracia y la libertad en Nicaragua”, aseguró el senador Nelson.
La represión en Nicaragua ha despertado el apoyo de la comunidad internacional, especialmente, el de Estados Unidos. Los senadores estadounidenses han indicado que “no hay justificación para la brutal represión contra estudiantes y otros nicaragüenses que están hartos de un gobierno corrupto y abusivo”. La Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018 también requiere que el Secretario de Estado certifique, anualmente, “si el gobierno nicaragüense está tomando medidas para mantener las normas de gobernabilidad democrática, derechos humanos y anticorrupción y renuncia a la imposición de nuevas sanciones si se produce la certificación”.
Propuesta de Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018
