[vc_row][vc_column][vc_column_text]La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realiza audiencia, en el 168 período de sesiones de República Dominicana, a petición de organizaciones nicaragüenses que exigen investigaciones sobre “Industrias extractivas y criminalización de los defensores” ambientalistas.
La sesión inició con un minuto de silencio por las más de 40 muertes de ciudadanos nicaragüense que solo exigían el respeto a la democracia, la paz y la libertad, en protestas de 18 al 30 de abril. Los defensores nicaragüenses volvieron a solicitar a la CIDH su presencia en Nicaragua para la investigación de todas las violaciones a los derechos humanos que está sufriendo el pueblo.
Aunque el caso que debía plantearse ante la CIDH se enfocaba en casos de extracción minera y de la persecución que viven los defensores ambientalistas, los representantes de organizaciones no gubernamentales aprovecharon sus intervenciones para exponer la actual situación de crisis que viven los nicaragüenses.
Marcos Carmona, de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), durante seis minutos, expuso las violaciones que desde su organización han registrado que el Estado de Nicaragua ha cometido contra las protestas pacíficas. Carmona le detalló a la CIDH; los asesinatos, la censura a medios de comunicación, el tipo de armas que usó la Policía Nacional contra los manifestantes, la negación de atención médica, las edades de los ciudadanos muertos, la continuidad de las violaciones, pese al llamado de diálogo al que ha llamado el Gobierno de Daniel Ortega.
La comisionada de la CIDH Antonia Urrejola indicó su impacto por el aumento de las muertes de ciudadanos que protestan en Nicaragua y reiteró que como CIDH están dando seguimiento cercano a la crisis y que la petición de ingresar al país para investigar sigue en la mesa y que esperan que se de en un futuro cercano.
Extracciones mineras
La comisión de nicaragüenses que expuso el caso de las concesiones mineras que el Estado de Nicaragua ha entregado en los últimos diez años, detallaron los abusos que han sufrido de parte de las autoridades nacionales y municipales.
El relato de la denuncia de las organizaciones defensores del medioambiente de Nicaragua indicó la modificación del decreto 76-2006 que “limitó el actuar de los defensores ambientales” y “concede beneficios a las empresas mineras”, por no dejar claro los límites que deben cumplir las empresas respecto al impacto ambiental.
La comisión del Centro Humboldt señaló al Estado de Nicaragua de no garantizar la “transparencia en la entrega de concesiones, participación ciudadana, limitar el acceso a la información, reprimir a los defensores y ciudadanos que exigen el respeto a los recursos naturales”.
Los representantes del Movimiento Nacional Frente a la Minería (Monafmi) relataron a la CIDH toda la persecución, hostigamiento y represalias de las que han sido víctimas todas las familias que viven en distritos mineros por exigir que se cierren las concesiones que “están destruyendo sus municipios”.
Los comisionados de la CIDH lamentaron y cuestionaron la participación del Estado de Nicaragua que fue el gran ausente en la sesión. El presidente de la Sesión de la CIDH, Luis Vargas, refirió que la ausencia es una muestra de “menosprecio al tema de la audiencia”.
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