[vc_row][vc_column][vc_column_text]Tanto nicaragüenses radicados en el extranjero como quienes viven la realidad de Nicaragua con las reformas a las tasas de cotización que se implementarán al seguro social, el próximo primero de julio, pretenden darse de baja al régimen de seguro facultativo por el aumento del 4% que se aplicarán, según el decreto presidencial 3-2018 emitido por el Gobierno Sandinista.
A este aumento estarán sujetos los más de 75 000 empleados y trabajadores por cuenta propia que cotizan al seguro facultativo pagando el 18.25%. La medida que intenta salvar las finanzas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), dispone un aumento hasta el 22.25% para quienes deseen mantener su seguro facultativo.
El régimen de seguridad social que es integral que, por cubrir la atención médica, actualmente, cuesta 949 córdobas pasará a 987 por el aumento del 4%. Los 38 córdobas más hacen que Socorro Gómez, de 43 años, dude de seguir pagando su seguro facultativo integral, ya que representa una semana de pasajes.
Gómez desde hace dos años decidió empezar a cotizar desde el seguro facultativo. Toda su vida ha laborado de limpieza en casa particulares y oficinas, con esas limpiezas que hace, de tres a cinco veces por semana, logra mensualmente un salario entre 4 000 y 5 000 córdobas.
El salario de Socorro se dividen comida, manutención de su madre de 86 años y transporte, con sus ingresos asegura que con sacrificios le alcanza para sobrevivir, por lo que, el que las medidas “impuestas” al seguro social establezcan un aumento le hace evaluar, seriamente, en dejar de cotizar.
Otro de los ciudadanos que no pretenden seguir cotizando es Walter Javier Duarte, de 32 años, originario de Estelí y radicado en España, quien asegura que desde hace dos años cotiza al INSS mediante el seguro facultativo, pero que con este aumento que propone el Gobierno de Daniel Ortega tendrá que darse de baja.
Este nicaragüense y docente de matemáticas tuvo que dejar Nicaragua por estar en desacuerdo con las políticas que implementaba el Gobierno sandinista desde los centros educativos y, actualmente, paga 540 córdobas mensuales, en intento por asegurar su pensión de vejez cuando regrese a Nicaragua.
Un cotizante como Duarte que paga 540 mensuales asumirán el 4% más, es decir 21.6 córdobas que en un año significan 259 córdobas. Walter con sus dos trabajos, uno como cajero en un supermercado y el otro en una cafetería, tiene ingresos de 800 euros mensuales, a lo que le resta 500 de gasto de casa y alimentación, además, de los 100 o 200 euros que envía a sus familiares de Estelí mensualmente.
Con todos sus gastos a Duarte solo le quedan 100 euros, es decir 3 868 córdobas, los cuales usa para el pago de agua, luz, tren de aseo, transporte y seguridad social. Es por ello que con el aumento que se implementará en julio se le hará más difícil costear su seguridad social y afirmó que “no pretende seguirle regalando el dinero al INSS”.
Esto solo es el comienzo de las posibles deserciones a la seguridad social facultativa. La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) advirtió al Gobierno Sandinista de estas consecuencias desde que, el pasado 16 de abril, se aprobó “sin consenso” las reformas a la seguridad social.
Según el Funides “las medidas propuestas (para el INSS) por una resolución van en contra del crecimiento económico sostenido, por cuanto atenta contra la competitividad nacional, la formalización de la economía, el bienestar del los más pobres, la generación de empleo y la atracción de inversiones que tanto necesita el país”.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
