[vc_row][vc_column][vc_column_text]La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), en el período de sesiones 167, evaluó la situación de los derechos de las personas privadas de libertad de Nicaragua y lamentó la ausencia del Gobierno nicaragüense, quien aparentemente “subestima el valor y la importancia del máximo órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA)”, aseguró la representación de la sociedad civil del país, que compareció a la sesión que se celebró en Colombia.
La mesa de la sesión estuvo presidida por la presidenta de la Cidh, Esmeralda A. De Troitiño, Joel Hernández, relator de los derechos de las personas privadas de libertad, y Flávia Piovesan, parte de la Comisión de las personas LGTBI. El encuentro fue solicitado por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).

El Gobierno de Nicaragua no se presentó a la invitación. “Lamentamos profundamente la ausencia del Estado de Nicaragua aquí (período de sesiones 167) lo que además demuestra el doble estándar que maneja con sus relaciones internacionales, porque, mientras por un lado trata de utilizar la figura del secretario general de la OEA simulando la celebración de un memorándum de entendimiento, por otro lado subestima el valor y la importancia que tiene el máximo órgano jurídico de la OEA como es la honorable Comisión”, afirmó la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez.
Núñez le detalló a la Comisión los casos de tortura a los que han tenido acceso gracias a las denuncias que llegan al Cenidh, detallando que en total el año pasado recibieron 547 denuncias por tortura y 1 800 quejas en contra de la Policía Nacional.
En esta audiencia, los defensores de derechos humanos mostraron a la Cidh el último caso de turtura contra el privado de libertad Juan Lanzas, el joven de Matiguás, Matagalpa que fue golpeado brutalmente por agentes de la policía y recluido en una celda putrefacta hasta provocarle una infección que terminó con sus pies. Los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se mostraron escandalizados de la tragedia provocada por las fuerzas de seguridad contra este campesino.

Ante la exposición de la presidenta del Cenidh la Corte se declaró estremecida por la cantidad de casos y el tipo de violaciones a los derechos humanos presentados. Por lo cual, le solicitaron a los panelistas de la sociedad civil de Nicaragua que exteriorizaran si en otros organismos nacionales e internacionales se han pronunciado en referencia a la tortura que reciben los privados de libertad de Nicaragua.
Los defensores de derechos de Nicaragua explicaron que sí han realizado gestiones ante organismos como la OMCT, en referencia al maltrato que reciben los privados de libertad. Según explicaron, la Organización contra la Tortura ha pedido al Estado que no impida el ingreso al Cenidh, sin embargo, estas solicitudes no se cumplen.
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La doctora Núñez también aseguró que la labor de las instituciones gubernamentales encargadas de velar porque se cumplan y respeten los derechos de los privados de liberad es “absolutamente nula”, aunque la legislación de Nicaragua plantee el delito de la tortura.
El Cenidh también se quejó de la falta de acceso al sistema penitenciario, lo que aseguraron es uno de los principales obstáculos para observar y corroborar las denuncias que le llegan al organismo defensor.
Asimismo, la sociedad civil de Nicaragua puntualizó ante la Comisión el incumplimiento de los fallos de los tribunales de justicia sobre las órdenes de la libertad de los reclusos que ya han cumplido sus penas.
Según el Cenidh la actitud del Estado nicaragüense representa “una falta de respeto a las órdenes de libertad y una situación aberrante”. El Cenidh solicitó a la Comisión que “exhorte al Gobierno de Nicaragua para que cumpla con los convenios internacionales de respeto y garantía de los derechos de las personas privadas de libertad”. También, evidenció la necesidad de que se haga de carácter público el informe extendido por la subcomisión de las Naciones Unidas en referencia al tema de tortura, con el fin de que se cumplan con todas las recomendaciones que se hayan señalado.
De igual manera, los defensores nicaragüenses le solicitaron a la Cidh que pida al Estado de Nicaragua a reducir en su mínima expresión el uso de la prisión preventiva, que solicite la presentación de informes periódicos, que se pida la clausura de las celdas preventivas de la Dirección de Auxilio Judicial como una garantía de no repetición de la tortura, que el Ministerio de Gobernación no tenga que emitir ningún aval para que se cumplan las sentencias judiciales de libertad de los reos, que se le recomiende al Gobierno de Nicaragua capacitaciones en derechos humanos a los agentes del orden en las cárceles, indique protocolo especial para la ejecución de investigaciones y que se permita el acceso de defensores de derechos humanos a las celdas de los privados de libertad.
El Cenidh tambien invitó a la Corte para que haga visita in situ para que vean la realidad de los privados de libertad.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]