[vc_row][vc_column][vc_column_text]
A cuatro concejales, tres sandinistas y uno liberal, les dedujeron el pago de sus sesiones para honrar la deuda de un préstamo, que —según el contrato que firmaron— se debía pagar en un plazo de dos años, denunció el concejal sandinista Hugo Maltés Miranda, quien señaló que los demás afectados “no denuncian por miedo”, pero que él sí va a “llegar hasta las últimas consecuencias”.
En 2016, la Alcaldía de Nindirí firmó un convenio con la financiera Confiansa para que más de 700 de sus trabajadores recibieran préstamos con tasas de interés del 8% a un plazo de dos años, y, entre el personal, se encontraban concejales, afirmó Maltés. Asimismo, refirió que el problema radica en que no se contempló en el convenio que los funcionarios terminarán su período en diciembre de este año, quedando en una situación “complicada, porque han dejado sin comer a sus familia gracias a que, en el convenio, se indica que antes de dejar de laborar para la alcaldía deben de pagar la deuda”.
Sin embargo, el funcionario sandinista aseguró que se está incumpliendo el contrato que firmaron con la financiera Confiansa, ya que este estipula que la deuda debía pagarse en dos años con cuotas quincenales de 1800 córdobas. Como el préstamo se adquirió en 2016, se pronunciaron ante la Organización de Defensa de los Consumidores (ODC) y frente a Confiansa.
Arbitrario
“Me han dejado sin comer a mí y a mi familia”, denunció el edil ante la ODC en Masaya. De igual forma, Maltés mostró el sobre vacío que encontró al presentarse en Recursos Humanos de la Alcaldía de Nindirí con el fin de retirar la dieta de su primera sesión de octubre.
En 2016, Miranda adquirió un préstamo de 30 mil córdobas mediante el convenio firmado entre la Alcaldía de Nindirí y Confiansa. Aunque él pensó que esta se terminaría de pagar bajo los términos del contrato, le quitaron una quincena por problemas con el convenio inicial entre la municipalidad y la casa de empeño, manifestó con indignación el concejal sandinista.
La Alcaldía “no me notificó nada”, aseguró Maltés disgustado por haberse quedado sin el dinero. No obstante, afirmó que “no se va a quedar callado” y que va a “llegar hasta las últimas consecuencias” para que le devuelvan su dinero y para asumir la deuda en el tiempo estipulado inicialmente.
Artículo 66 intentó comunicarse con la alcaldesa de Nindirí, Clarissa Vivas, pero —través de una tercera persona— justificó que estaba “en reunión”. Luego de varios intentos de establecer contacto con la funcionaria, no volvieron a responder a este medio de comunicación.
Acuerdo sin todos los afectados
El concejal Maltés se quejó de que, en días anteriores, la Alcaldía realizó una reunión en la que no participaron todos los miembros del concejo municipal, a quienes se les deduciría el pago de su dieta. El funcionario explicó que otros afectados habrían aceptado pagar la deuda antes de la fecha estipulada en el contrato para no dejarle la carga a la municipalidad. Maltés tampoco asistió a la reunión.
Podría interesarle: Gobierno de Ortega acosa a organización ambientalista
Una representante de la microfinanciera Confiansa, de Masaya, explicó por vía telefónica que ese acuerdo buscaba convencer a los funcionarios que no serán reelegidos en los comicios municipales del cinco de noviembre de que tienen que honrar la deuda antes de terminar el período; de lo contrario, la institución tendría que asumir la deuda.
De igual manera, Confiansa informó que recibieron al concejal denunciante y que, en esa ocasión, le explicaron el problema que había con el contrato, que él se ve obligado a honrar la deuda en un plazo menor al que se había acordado, puesto que, en el convenio con la Alcaldía, no se contempló que finalizarían sus funciones en diciembre de este año. También, le comunicaron sobre la reunión que habían tenido con la Alcaldía.
Dietas pueden ser embargadas y deducidas
El experto en derecho laboral Álvaro Leiva explicó que las dietas que son otorgadas a los concejales, perfectamente, pueden ser embargables o deducidas si se cumplen los procedimientos establecidos en los contratos. En este caso, las partes debieron renegociar el plazo para no restar, de forma abrupta, los ingresos del funcionario.
El concejal sandinista Hugo Maltés no fue el único afectado. También, les dedujeron el ingreso a dos colegas oficialistas y a uno liberal, aunque ellos prefirieron no denunciar el caso.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]