Acusan al analista político Edgard Parrales de «incitar a la violencia»

El Ministerio Público, al servicio del régimen de Daniel Ortega, realizó audiencia a puerta cerrada y acusó al analista político y exdiplomático nicaragüense Edgard Parrales «de incitar a la violencia». El opositor se convierte en el preso político con mayor edad. Tiene 79 años.

Según la información del medio digital La Mesa Redonda, la audiencia inicial tenía un solo propósito y era solicitar un período de 90 días para investigar a Parrales por atentar contra la paz de Nicaragua.

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El exembajador de Nicaragua fue detenido la tarde del lunes, 22 de noviembre, en las afueras de su vivienda por civiles que se movilizaban en un vehículo Corolla azul oscuro, placa de Managua M 240-706.

Ante la represión que emprendió la dictadura Ortega-Murillo y el mutismo el Estado, Parrales era de los pocos analistas políticos que criticaban abiertamente las decisiones del Estado. Muchos han optado por no hablar con los medios independientes, otros están en prisión y unos en el exilio forzado para resguardar su integridad.

Edgard Parrales, de 79 años, fue un sacerdote diocesano, defensor de la teología de la liberación nicaragüense, ministro de Bienestar Social (1980-1982) y fue uno de los cuatro prelados que el papa Juan Pablo II suspendió a divinis del ejercicio del sacerdocio, junto a Ernesto Cardenal, Fernando Cardenal y Miguel D’Escoto.

La detención arbitraria se dio el mismo día en que Parrales estuvo en Canal 10 de televisión analizando las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos, Canadá y Reino Unido a operadores de la administración de Daniel Ortega.

Desde mayo 2021, el régimen de Ortega Murillo ha elevado la represión y hostigamiento contra la oposición nicaragüense. Con el arresto arbitrario del analista político Edgard Parrales, la lista de los nuevos rehenes de la dictadura asciende a 41; opositores demandan al Estado de Nicaragua liberar a los más de 150 reos de conciencia.

Camino a las cuestionadas elecciones, la pareja presidencial mandó a encarcelar a siete aspirantes presidenciales, dirigentes del Movimiento Campesino, líderes estudiantiles, periodistas, exdiplomáticos, defensores de derechos humanos y empresarios. Todos acusados por supuestamente violar la Ley 1055, Ley de Soberanía, usada por Ortega y Murillo para tildar a los nicaragüenses de «traidores de la patria».