Nicaragua sigue siendo una «amenaza para la seguridad nacional» de EE. UU.

El Gobierno de Joe Biden prolongó por un año más la declaración de la situación de Nicaragua como una «amenaza inusual y extraordinaria de la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos».

La Orden Ejecutiva 13851 de la administración de Donald Trump fue emitida en noviembre de 2018, cuando el régimen de Daniel Ortega tenía más de siete meses de haber iniciado una cruenta represión contra la ciudadanía que protestaba por las reformas a la seguridad social.

Una nota de la Casa Blanca explica que la represión estatal, el desmantelamiento y socavamiento sistemático de las instituciones democráticas, el Estado de derecho, el uso de violencia indiscriminada y tácticas represivas contra la población civil continúan. 

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«(…) la corrupción que condujo a la desestabilización de la economía de Nicaragua, continúa representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. Por tal motivo, he determinado que es necesario continuar con la emergencia nacional declarada en la Orden Ejecutiva 13851 con respecto a la situación en Nicaragua», explica la nota oficial de la administración de Joe Biden.

La medida del gobierno norteamericano se ha renovado por tercera ocasión este martes, 16 de noviembre. Los primeros dos años por el entonces presidente Donald Trump, ahora por Joe Biden. El Departamento de Estado explicó que la Orden Ejecutiva prohíbe a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con las personas e instituciones sancionadas por el Tesoro.

Funcionarios del régimen no podrán viajar a EE. UU.

La administración de Joe Biden restringió el ingreso de la pareja presidencial a territorio norteamericano, la medida también abarca a sus hijos, familiares y a todos los funcionarios de la dictadura Ortega-Murillo. La prohibición fue anunciada por el propio Biden este martes, 16 de noviembre.

La restricción también alcanza a los «alcaldes, vicealcaldes o secretarios políticos que planificaron, ordenaron, asistieron, ayudaron e incitaron, cometieron o participaron de otra manera, incluso a través de la responsabilidad del mando, abusos graves o violaciones de los derechos humanos para castigar a manifestantes pacíficos o negar las libertades fundamentales de los nicaragüenses, o quien intentó o conspiró para hacerlo».

También están incluidos en la prohibición para ingresar a Estados Unidos los funcionarios del Ejército de Nicaragua, Policía Nacional, miembros del Poder Judicial, Ministerio Público y Ministerio del Interior de Nicaragua, entre otros.