Estados Unidos separa del cargo a agregado militar que «ensalzó» al Ejército de Nicaragua

El teniente coronel Róger Antonio Carvajal Santamaría, quien fungía como Oficial Superior de Defensa Estados Unidos de América, en la embajada de ese país en Managua, fue removido de su cargo luego de que la semana pasada alabara al Ejército de Nicaragua asegurando que esa institución, señalada de crímenes contra los nicaragüenses, y cuyo jefe está sancionado por el propio Estados Unidos. En esa ocasión, el diplomático militar le dijo al genera Julio César Avilés que «ustedes son gran parte del gran crecimiento y de la estabilidad de este país».

Este miércoles, 29 de septiembre, se supo que el militar norteamericano Carvajal Santamaría había sido removido del cargo y un funcionario del gobierno de Washington confirmó la salida porque «los comentarios del Teniente Coronel Carvajal no reflejaron correctamente la política del Gobierno de los Estados Unidos. Su misión ha concluido y él ha salido de Nicaragua».

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Carvajal fue removido de su cargo luego de enfrentar una lluvia de criticas de diversos sectores en Nicaragua y el exilio que cuestionaron la inconsecuencia del teniente por apoyar al Ejército que ha sido sancionado por el propio Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a través del jefe del Ejército Julio César Avilés, por apoyar al régimen de Ortega a cometer crímenes de crímenes de lesa humanidad durante las protestas en 2018.

En el encuentro del día 23 de septiembre, Carvajal Santamaría destacó la función de la institución que dirige el general Avilés y afirmó que esperaban trabajar con «las fuerzas armadas de Nicaragua» halagando su labor y la del general Avilés. El Oficial Superior de Defensa llegó a la misión en Nicaragua el 15 de junio de 2021.

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El mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, Roberto Samcam, fue uno de los mayores críticos en esta situación y señaló en entrevista con 100% Noticias que «el discurso de la administración Joe Biden es incongruente, claudicante y nefasto. Da la impresión que la administración busca intencionalmente perpetuar la dictadura de los Ortea-Murillo».