Fiscalía interroga a la periodista feminista Sofía Montenegro

La periodista y activista feminista Sofía Montenegro, declarada opositora a la dictadura da Daniel Ortega y Rosario Murillo, fue interrogada por los fiscales orteguistas del Ministerio Público (MP) en relación a la llamada investigación por los supuestos delitos de lavado de dinero y activos ordenada por el régimen contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) y la Fundación para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES).

Según el comunicado oficial del MP número 059-2021, esa institución, utilizada por el régimen como uno de sus brazos represivos, continúa con el proceso de investigación en contra de las FVBCH y FUNIDES, «por el delito de lavado de dinero, bienes y activos y otros, así como por haber recibido recursos de fuentes extranjeras para cometer actos ilícitos. También en contra de todas aquellas personas que han atentado contra los derechos del pueblo y la sociedad nicaragüense, de conformidad con la Ley No. 1055 y el Código Penal de la República de Nicaragua».

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Agrega la nota oficial que como parte de esas supuestas investigaciones, el martes 17 de agosto compareció ante los fiscales, específicamente por el caso de la FVBCH la reconocida periodista, la activista del movimiento feminista y opositora Sofía Montenegro.

Montenegro es una disidente del sandinismo y dura crítica de las políticas dictatoriales del matrimonio Ortega-Murillo, y es una declarada defensora del principio feminista. Es una de las fundadoras del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) que defiende los derechos humanos de la mujer.

Desde el regreso al poder de Daniel Ortega criticó la falta de transparencia en la administración pública, el nepotismo y el fundamentalismo como fallas del régimen para satisfacer las necesidades de las mujeres y los derechos humanos de todos los ciudadanos. Sus duras y directas críticas han dado lugar a amenazas, intentos de desacreditarla, e investigaciones ordenadas por la dictadura en contra de ella y los otros líderes del movimiento de mujeres, a quienes han acusado de supuesta evasión fiscal en una campaña que busca criminalizar a las feministas.

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Asimismo, mediante citatorio, fueron conminados a comparecer ante los fiscales, el mismo día y sobre el mismo caso, los ciudadanos Decters Evans Carrión Calderón y Pedro Antonio Ramírez Delgadillo, quienes contestaron todas las preguntas que se les realizaron, firmaron el acta y procedieron a retirarse.

El Ministerio Público ha sido señalado por organismos defensores de los derechos humanos nacionales e internacionales como una institución utilizada por el régimen de Nicaragua como una fábrica de casos judiciales con pruebas falsas para incriminar y condenar a penas de cárcel a opositores.

Fiscalía continúa amenazando con usar «la fuerza pública»

La Fiscalía, en su comunicado oficial continúa advirtiendo a los ciudadanos que sean citados a comparecer a los interrogatorios que de no presentarse, serán llevados por la fuerza policial y serán considerados prófugos de la justicia, además se atreve a decir que son objetivos en las investigaciones y que respetan los derechos constitucionales de los investigados, pese a que a todos los detenidos en esos casos ni siquiera les permiten nombrar su propio abogado como lo establecen las leyes del país y los mantienen encarcelados en total aislamiento, a pesar que la mayoría de los nuevos presos políticos son beneficiarios de medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

«Se les previene a las personas que sean citadas para entrevista y que no se presenten, que deberán acreditar su inasistencia a través de medios verificable y en caso de incomparecencia sin justificación, se solicitará ante autoridad judicial la conducción forzosa por estar huyendo de la justicia», amenaza el MP.

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«El Ministerio Público ha velado por la objetividad y calidad de la investigación y en todo momento ha respetado los derechos constitucionales de las personas acusadas, investigadas y entrevistadas. Como representante de las víctimas y de la sociedad nicaragüense, y en cumplimiento con el ordenamiento jurídico, continuará realizando las diligencias que sean necesarias. Hace un llamado a la población a mantener un clima de paz y convivencia pacífica, así como de tranquilidad, tolerancia y respeto a las leyes de la República».

En la más reciente resolución de la CIDH extendiendo las medidas cautelares en favor del preso políticos y exprecandidato presidencial Miguel Mora advierte que «el aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva representan, por sí mismos, formas de tratamiento cruel e inhumano, lesivas de la integridad psíquica y moral de la persona y del derecho de todo detenido al respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. En esa medida, los Estados, además, deben garantizar que las personas privadas de la libertad puedan contactar a sus familiares».