Suiza sanciona a seis funcionarios orteguistas por violadores de derechos humanos

El Consejo Federal de Suiza se unió a las sanciones de la Unión Europea (UE) y adoptó «medidas coercitivas en relación con la situación en Nicaragua» en contra de seis funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La aplicación de la sanción consiste en la congelación de bienes y activos, restricciones de viajes y tránsito en ese país. La medida va en contra de dos asesores presidenciales y cuatro altos mandos de la Policía Nacional, institución sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

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«El Consejo Federal emitió sanciones financieras y restricciones de viaje a seis personas cercanas al presidente Daniel Ortega. Las medidas decididas consisten en congelar los activos de estas personas y prohibir la entrada a Suiza o tránsito por nuestro país. Actualmente, se dirigen a dos asesores personas del presidente Daniel Ortega y cuatro representantes de alto nivel de la judicatura y la Policía, acusados de graves abusos contra los derechos humanos», reza parte del comunicado.

Aunque no se especifica los nombres de los sancionados por Suiza, recientemente la Unión Europea aplicó estas medidas al comisionado y subdirector de la Policía orteguista y quien dirigió la represión en Masaya en el contexto de la crisis sociopolítica, Ramón Antonio Avellán;  la exministra de Salud, Sonia Castro González; el director general de la Policía Nacional y consuegro de la pareja presidencial, comisionado Francisco Javier Díaz; el asesor presidencial, Néstor Moncada; el comisionado general de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), comisionado Luis Pérez Olivas y el jefe de la Dirección de Operaciones Policiales Especiales (DOEP), comisionado Justo Pastor.

El Consejo Federal dice estar muy preocupado por el creciente número de violaciones en contra de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos en Nicaragua y aclara que las sanciones no se aplican al pueblo de Nicaragua.

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A la vez, pide a las autoridades nicaragüenses que respeten y defiendan los derechos humanos consagrados en el derecho interno y en el Derecho Internacional Público, en particular la libertad de expresión y la libertad de reunión.