EE. UU. señala que Ortega intensificó el trato preferencial a China mientras restringe la inversión privada
El Departamento de Estado de Estados Unidos endureció su evaluación sobre el clima de inversión en Nicaragua y advirtió a los empresarios extranjeros que no deben esperar seguridad jurídica ni un entorno empresarial predecible.
Para el economista Juan Sebastián Chamorro, el informe de 2026 da un paso más respecto al del año anterior porque describe de forma directa cómo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha ampliado su control político sobre la economía.
«El reporte del 2026 ahonda en lo que Ortega y Murillo han hecho en este último año», señaló Chamorro. Según el economista, el documento destaca el aumento del acoso fiscal, el peso de las conexiones personales para hacer negocios y los mayores poderes de la Procuraduría General de la República en materia de confiscaciones.
El informe, publicado en septiembre de 2026, recomienda a los inversionistas proceder con «extrema cautela» y señala que no deben tener «ninguna expectativa sobre el estado de derecho o un entorno empresarial predecible» en Nicaragua.
Más control sobre la inversión
Estados Unidos señala que las fuentes tradicionales de inversión extranjera directa han disminuido desde la crisis política de 2018 y que el régimen ha buscado atraer capital chino.
En febrero de 2025, la Asamblea Nacional aprobó la Ley 1240, que creó la Comisión Nacional de Inversión Extranjera (CNIE) para supervisar y regular la inversión extranjera. La normativa obliga a las empresas a presentar informes trimestrales de cumplimiento y entregar información estadística al Banco Central de Nicaragua.
El Departamento de Estado considera que este nuevo marco permite al régimen ejercer un mayor control sobre las inversiones. La CNIE es dirigida por Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja gobernante y sancionado por Estados Unidos.
El informe también advierte que las decisiones económicas relevantes están sujetas, en la práctica, a la aprobación de la Presidencia y que los inversionistas no deben esperar «reglas justas ni un terreno de juego equitativo».
A esto se suman auditorías fiscales, multas y reformas tributarias que las empresas consideran arbitrarias.
Ventajas para empresas chinas
Uno de los aspectos que más resalta Chamorro es el espacio que ocupa China en el nuevo informe.
Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Nicaragua y China, en 2024, el régimen ha otorgado un trato comercial preferencial a empresas de ese país, según el Departamento de Estado.
Nicaragua también depende cada vez más del financiamiento chino para infraestructura y ha establecido mecanismos que favorecen a empresas de China en determinadas contrataciones públicas.
En febrero de 2025, la Asamblea Nacional reformó la Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público y eliminó la licitación pública para algunas compras aprobadas por la Presidencia, proyectos estratégicos, asuntos de seguridad nacional y contrataciones con empresas chinas.
«El tema de China, curiosamente, aparece mucho más prominente», afirmó Chamorro.
El economista considera que el informe pasó de hablar de las inversiones chinas como una expectativa a documentar beneficios concretos para esos capitales.
El Departamento de Estado advierte que la combinación del tratado comercial, la opacidad institucional y las preferencias otorgadas a empresas chinas permite la entrada de productos subsidiados que afectan la competitividad de empresas locales y de inversionistas de otros países.
Sobre el l Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (CAFTA-DR) señala que «las normas del CAFTA-DR forman parte del ordenamiento jurídico nacional, aunque los inversionistas señalan constantes violaciones a sus disposiciones por parte de las autoridades aduaneras».
En el ámbito de la resolución de disputas comerciales, el informe advierte que «el mecanismo de arbitraje del CAFTA-DR resulta inviable para las empresas operativas debido a los altos costos y al riesgo inminente de represalias por parte del gobierno».
Confiscaciones y propiedad privada
La falta de garantías sobre la propiedad privada es otro de los principales riesgos señalados por Washington.
El informe sostiene que el régimen ha utilizado el aparato judicial y la Procuraduría para legitimar confiscaciones de bienes de organizaciones, opositores y empresarios.
Desde 2018, más de 5,600 ONG, asociaciones civiles y organizaciones gremiales han perdido su personería jurídica y sus bienes, según el documento.
Además, entre 2020 y abril de 2026, el régimen transfirió al menos 110 propiedades confiscadas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Chamorro también destacó la Ley de Territorio Fronterizo, aprobada en agosto de 2025, que otorgó al Ejército control sobre una franja de 15 kilómetros contigua a las fronteras terrestres.
El informe considera que estas medidas profundizan la inseguridad jurídica para los propietarios e inversionistas.
Un sistema judicial sin independencia
El Departamento de Estado sostiene que el Poder Judicial carece de independencia y está sometido al Ejecutivo. También señala que la Procuraduría interviene en procesos de confiscación de bienes privados.
«Para un inversionista extranjero, obtener un recurso efectivo o una resolución imparcial en los tribunales es prácticamente imposible», señala el informe.
Chamorro relacionó esta situación con la reforma constitucional impulsada por Ortega y Murillo, que concentró aún más el poder en la pareja gobernante.
«El reporte lo muestra como evidencia o como un ejemplo de la ausencia total y absoluta del Estado de derecho y del control político», dijo.
Posibles nuevas medidas de EE. UU.
El informe vincula el clima de inversión con las medidas comerciales adoptadas por Estados Unidos contra Nicaragua.
La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) determinó en 2025 que determinadas políticas nicaragüenses relacionadas con derechos laborales, derechos humanos y el Estado de derecho restringían el comercio estadounidense. Washington impuso aranceles adicionales y abrió una nueva investigación en 2026.
Chamorro considera que el nuevo diagnóstico podría facilitar medidas más severas, entre ellas acelerar la investigación bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio, aumentar los aranceles o sancionar instituciones estatales que establezcan reglas favorables a proveedores chinos.
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