Protestas de alta tensión en España por la crisis de la vivienda

España se prepara este sábado para una nueva ola de protestas por la vivienda, con movilizaciones en Madrid y otras ciudades en un clima de fuerte tensión política tras una dura derrota parlamentaria del Gobierno del socialista Pedro Sánchez.

El Congreso español tumbó el viernes dos decretos impulsados por el Ejecutivo para hacer frente a las dificultades de acceso a la vivienda, un duro revés que reavivó las dudas sobre un eventual adelanto de las elecciones generales, previstas para mediados de 2027.

«La sociedad española saldrá a las calles para responder. Hay una desconexión irreparable entre lo que quiere la gente y lo que votan los partidos en un Congreso secuestrado por el rentismo», afirmó el Sindicato de Inquilinas, uno de los organizadores.

El dirigente socialista intentó hasta el último momento sacar adelante los decretos en una Cámara muy fragmentada, donde no cuenta con mayoría, pero finalmente fueron rechazados con los votos en contra de la derecha, la extrema derecha y Junts, una formación independentista catalana.

«Por España, que convoque cuanto antes» las elecciones, reclamó tras la derrota Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP, derecha), principal fuerza de oposición, al afirmar que quedó claro que Sánchez no tiene de su lado «ni la calle ni el Parlamento».

En Madrid, donde manifestantes acampan desde hace una semana en la céntrica Puerta del Sol, las marchas saldrán al mediodía desde distintos puntos de la ciudad para confluir en la Plaza de Cibeles, también en el centro histórico de la capital española.

Movilizaciones similares, que reclaman una «huelga general», se celebrarán en medio centenar de ciudades del país.

La falta de vivienda asequible es desde hace años uno de los principales problemas sociales en España, al igual que en muchas capitales europeas.

Las protestas cobraron fuerza la semana pasada después de que Maricarmen Abascal, una madrileña de 87 años, fuera desalojada del apartamento donde vivía desde hacía siete décadas, tras la compra del inmueble por una empresa de inversión que pretendía aumentarle el alquiler un 275%.

Según el Banco de España, el país, de casi 50 millones de habitantes, arrastra un déficit de unas 700.000 viviendas.

A la escasez de vivienda pública se suma el fuerte aumento de los alquileres, impulsado por una demanda creciente ligada tanto al turismo como al aumento de la población, en parte vinculado a la inmigración.