ONU denuncia deterioro de los derechos humanos en Nicaragua: pide liberar a presos políticos

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) advirtió a través de un informe que la situación de los derechos humanos en Nicaragua continuó deteriorándose en el periodo que va desde 15 de junio de 2025 hasta la misma fecha de 2026.

El documento será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para denunciar el desmantelamiento sostenido de las instituciones democráticas, el debilitamiento del Estado de derecho y la impunidad generalizada.

Dicho informe será presentado en el 63 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, que se desarrollará entre el 7 de septiembre y el 9 de octubre de este año.

¿Qué señala el informe del Alto Comisionado sobre Nicaragua?

Concentración del poder y debilitamiento de las instituciones:

En dicho documento, el organismo internacional sostiene que las reformas constitucionales que entraron en vigor en febrero de 2025 y la Ley Orgánica número 1.259, aprobada en agosto de ese mismo año, concentraron a un más el poder en el Ejecutivo y debilitaron los mecanismos de control institucional.

Asimismo, señala que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) mantiene mayoría absoluta en el Poder Legislativo, al contar con los 153 municipios y los dos consejos regionales de las regiones autónomas de la Costa Caribe.

La ONU también analizó 185 votaciones plenarias registradas en el sitio web oficial de la Asamblea Nacional entre el 17 de junio de 2025 y el 21 de mayo de 2026, y notó que no se registraron votos en contra ni abstenciones, incluidos los de los 15 diputados de partidos que no forman parte oficialmente de la coalición del régimen, por lo que considera que en este resultado se refleja la concentración del poder político y ausencia del pluralismo democrático.

Detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas

Uno de los principales señalamientos del informe es la continuidad de las detenciones arbitrarias por motivos políticos.

Las organizaciones de la sociedad civil denunciaron que 243 personas (218 hombres y 25 mujeres) fueron privadas arbitrariamente de su libertad durante el período examinado.

Al 15 de junio de 2026, organizaciones de la sociedad civil habían denunciado que al menos 46 personas permanecían detenidas arbitrariamente por motivos políticos. Además, habían registrado 4.796 casos de detención arbitraria desde 2018.

El informe destaca que la represión ha evolucionado de las detenciones a gran escala ocurridas durante las protestas de 2018 hacia medidas más selectivas contra la disidencia política.

El Alto Comisionado documentó que, en al menos 29 de los 35 casos de detención arbitraria registrados durante el período, las personas afectadas fueron presuntamente víctimas de desaparición forzada. Al 15 de junio de 2026, al menos ocho casos de desaparición forzada continuaban abiertos.

Represión contra periodistas y medios de comunicación

El organismo internacional denunció que el cierre de medios de comunicación independientes continuó durante el período analizado, pues se registró la clausura de otro medio, con lo que el número de medios cerrados alcanzó al menos 56.

La sociedad civil denunció cerca de 100 incidentes contra periodistas dentro y fuera de Nicaragua, entre ellos amenazas, campañas de desprestigio, vigilancia y acoso policial. Al menos otros dos periodistas se vieron obligados a exiliarse.

El documento advierte que la mayoría de los incidentes denunciados ocurrieron en el espacio digital y que los medios críticos con el régimen solo pueden operar desde el exilio.

En materia de libertad de prensa, Nicaragua ocupó el puesto 168 de 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2026, elaborada por Reporteros Sin Fronteras, según la referencia incluida en el informe de la ONU.

Represión transnacional y restricciones a nicaragüenses en el exilio

Se documentan denuncias de acciones atribuidas al régimen de Ortega-Murillo para silenciar a defensores de derechos humanos y opositores que viven en el extranjero.

Estima que unos 800.000 nicaragüenses, aproximadamente el 10 % de la población, han abandonado el país desde 2018.

Durante el período evaluado, el organismo documentó al menos 41 casos de denegación arbitraria de entrada a Nicaragua a ciudadanos que intentaban regresar.

También registró al menos 19 casos de denegación de pasaportes, partidas de nacimiento y títulos académicos a nicaragüenses residentes en el extranjero, lo que, según la ONU, afectó el ejercicio de sus derechos y, en algunos casos, los expuso al riesgo de apatridia (persona que no es considerada como nacional por ningún Estado) de hecho.

Se documentó además el asesinato de Roberto Samcam, oficial militar retirado y figura de la oposición exiliada, ocurrido el 19 de junio de 2025; en ese sentido, el organismo también recibió informes de amenazas y vigilancia contra nicaragüenses en el extranjero.

Afectaciones a los pueblos indígenas y afrodescendientes

El informe señala una creciente distancia entre el marco jurídico nicaragüense, que reconoce derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, y su aplicación práctica. La ONU advierte sobre el impacto de las concesiones mineras, la expansión de actividades extractivas, la tala y la ganadería en territorios indígenas.

Según el documento, aproximadamente la mitad de las 81 concesiones mineras otorgadas durante el período examinado afectaban a las regiones autónomas del Caribe, y es que, una fuente no gubernamental citada por el Alto Comisionado estimó que, en promedio, el 25 % de la superficie de 18 territorios titulados a favor de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes estaba sujeto a concesiones mineras.

El organismo también señala que no se registraron avances en la expulsión de colonos no indígenas de los territorios indígenas y que estas actividades ponen en peligro los medios de vida tradicionales, así como los derechos a la alimentación, el agua y la vivienda.

Hay estabilidad macroeconómica, pero se debe prestar atención a los desafíos sociales

En el ámbito económico, la OACNUDH cita un informe del Fondo Monetario Internacional publicado en enero de 2026, según el cual Nicaragua mantuvo la estabilidad macroeconómica y un crecimiento moderado, favorecido por el aumento de las remesas y una relación de intercambio favorable. El FMI proyectaba un crecimiento del producto interno bruto real de aproximadamente 3,8 % en 2025 y 3,4 % en 2026.

Sin embargo, el informe de la ONU advierte que el crecimiento sostenido y la reducción de la pobreza requieren mayor inversión pública, ampliación de las políticas activas del mercado laboral, fortalecimiento de las redes de protección social y mejoras en el Estado de derecho.

En materia laboral, el documento señala que los derechos de los trabajadores continúan afectados por las restricciones a la libertad sindical y la persistencia del trabajo informal. También reporta una tasa de subempleo del 40 % y una brecha de género en el empleo de 22,1 puntos porcentuales.

Las recomendaciones de la ONU al Gobierno de Nicaragua

Luego de haber expuesto todo esto, el Alto Comisionado insta al régimen nicaragüense a cumplir con su obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas. Entre las principales recomendaciones figuran:

• Liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente, incluidas aquellas privadas de libertad por motivos políticos.
• Poner fin a las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, la intimidación y la represión transnacional.
• Garantizar las libertades de expresión, asociación, reunión pacífica y religión.
• Restablecer los derechos de nacionalidad, propiedad y participación política de las personas privadas de ellos arbitrariamente.
• Garantizar la independencia del Poder Judicial y recursos efectivos frente a las violaciones de derechos humanos.
• Reanudar la cooperación con las Naciones Unidas y permitir el acceso al país para brindar asistencia técnica.

El organismo también exhorta a la comunidad internacional a reforzar la protección de la sociedad civil nicaragüense en el exilio y a evitar expulsiones o extradiciones que puedan exponer a las personas a daños irreparables.

El informe fue elaborado sin acceso presencial de la Oficina del Alto Comisionado a Nicaragua, una limitación que se mantiene desde 2018. Para su preparación, el ACNUDH realizó 160 entrevistas con víctimas, testigos y otras fuentes, celebró 250 reuniones con representantes de la sociedad civil y la comunidad internacional y analizó documentos gubernamentales y no gubernamentales.

En mayo de 2026, la oficina envió un cuestionario al régimen de Nicaragua, pero no recibió respuesta.