Ortega «debate» la reforma con 3.000 de sus leales en los municipios

Sin debate público ni espacio para sectores independientes, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo avanza en la validación de sus reformas a la Constitución Política de Nicaragua.  El régimen alista la aprobación formal del paquete de cambios para el próximo 1 de septiembre, tras completar una serie de reuniones virtuales con sus propios funcionarios e instituciones subordinadas.

Este jueves, 6 de agosto, la Comisión Especial Constitucional de la Asamblea Nacional sostuvo una consulta a distancia con más de 3.000 operadores del Frente Sandinista, entre alcaldes, alcaldesas y miembros de los concejos municipales de los 153 municipios del país. 

Durante el encuentro, los funcionarios locales respaldaron sin objeciones la propuesta enviada desde El Carmen.

Durante el encuentro, la procuradora general, Wendy Morales, justificó la extensión de los mandatos a siete años alegando la necesidad de continuidad en la gestión pública. 

«La eventual ampliación del período constitucional de las autoridades nacionales y locales desde la Procuraduría General de Justicia son vistas y comprendidas como un mecanismo orientado a fortalecer la estabilidad institucional, la continuidad de las políticas públicas y la planificación estratégica a largo plazo», manifestó Morales.

Morales justificó además la creación de la Procuraduría para las Municipalidades asegurando que busca «unificar criterios legales» y «fortalecer la coordinación entre el Gobierno Central y las municipalidades», subordinando la administración de los recursos locales a las directrices dictadas desde Managua.

Calendario exprés

El diputado y presidente del Parlamento, Gustavo Porras, detalló la hoja de ruta para consumar el trámite legislativo. El plan incluye 30 reuniones de consulta con grupos afines al partido de gobierno, proceso que culminará el 27 de agosto con la Juventud Sandinista.

«Esperamos, si Dios lo permite, el 27 de agosto estar haciendo esa última consulta para hacer los preparativos para el 1 de septiembre aprobar», confirmó Porras.

Durante su intervención, Porras ratificó que el nuevo texto constitucional mantendrá el control sobre quiénes pueden optar a cargos de elección popular en las votaciones que quedarían postergadas para 2028. 

Aunque sostuvo que las elecciones serán «limpias y transparentes» y se celebrarán «cada 7 años», dejó en claro la proscripción legal de cualquier voz opositora.

«¿Quiénes no pueden participar? No pueden participar los traidores a la patria, los golpistas, los que violen la Constitución, los que no actúen como nicaragüenses, sino que actúen en contra de los nicaragüenses. Eso hay que dejarlo claro», aseveró el legislador sandinista.

El paquete de reformas parciales, presentado con la firma del 100 % de los diputados oficialistas, abarca cambios en la duración de los mandatos, la estructura de la Policía y el Ejército, y las facultades del Consejo Supremo Electoral.

 Con la ronda de reuniones virtuales, la dictadura busca simular un consenso social antes de ratificar las modificaciones en la primera sesión de septiembre.