Denuncian ante la CIDH el envenenamiento por mercurio en tierras indígenas de Nicaragua

Defensores ambientales y líderes indígenas denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la expansión de la minería en Nicaragua está provocando contaminación por mercurio en las comunidades indígenas.

En la audiencia, las organizaciones documentaron que el avance de la minería industrial y artesanal destruye los ecosistemas del Caribe y, además, se ha convertido en un problema de salud pública.

El presidente de la Fundación del Río, Amaru Ruiz, explicó en entrevista con el programa En Contacto de Artículo 66 que las investigaciones presentadas ante el organismo interamericano confirman altos niveles de contaminación por mercurio en la población local, un elemento utilizado masivamente en la extracción de oro.

«Podemos decir que ya esto no es solo un asunto de protección ambiental, de los riesgos, estamos hablando de un tema de salud pública (…). El hecho de que mujeres indígenas han salido con niveles altos más allá de lo que se establece para la salud, pues obviamente significa que no solo estas personas están en riesgo y que los impactos van a perdurar, sino que va a ser transferible a los fetos de esas mujeres», advirtió Ruiz.

La Fundación del Río señaló que el régimen ha otorgado concesiones que impactan al menos 75 lotes mineros, 19 áreas protegidas y dos reservas de biósfera, comprometiendo más de 900,000 hectáreas en todo el territorio nacional.

De ese total, se contabilizan 62 lotes mineros que afectan de forma directa a 18 territorios indígenas y afrodescendientes, lo que representa la entrega de un 25 % de las tierras comunales.

Ruiz advirtió además sobre la proyección del régimen de otorgar en concesión hasta un 40 % de la superficie del país.

El régimen no comparece ante la CIDH

Ante la CIDH, Luz Ben Taylor, líder del pueblo Mayangna, denunció que la expansión extractiva marcha a la par con la invasión de colonos, el tráfico de tierras y la persecución contra los guardabosques.

«Nuestra autonomía está siendo amenazada al igual que la continuidad de nuestra cultura (…). No son indígenas los que extraen nuestro oro, son otros los que entran a nuestros territorios sin consentimiento ni consulta previa de las comunidades y toman posesión», afirmó el líder mayanga.

Pese a la gravedad de los señalamientos sobre deforestación, violencia y contaminación hídrica, la delegación del régimen Ortega-Murillo no estuvo presente en la audiencia de la CIDH.

Ante la inasistencia de los funcionarios oficialistas, las organizaciones civiles informaron que continuarán enviando documentación al organismo interamericano para respaldar las denuncias de violaciones a los derechos territoriales.

Asimismo, buscan impulsar auditorías e iniciativas internacionales para fiscalizar el destino del oro que sale de Nicaragua hacia mercados extranjeros.

Fiscalización de la ruta del oro

Tras la audiencia, los defensores del medio ambiente esperan profundizar las investigaciones de la mano de los comisionados e indagar la ruta del mineral extraído.

Ruiz detalló que la sesión permitió «abrir varias líneas de trabajo de la comisión con respecto a los países de destino de la comercialización de estos minerales que están saliendo de Nicaragua».

Asimismo, coordinarán encuentros con relatores especializados como el de la REDESCA, un espacio clave donde el organismo busca contrastar lo ocurrido en el país con casos similares en Guyana y la Amazonía.

Según explicó Ruiz, a la comisión «le interesa conocer el patrón nicaragüense», por lo que en las próximas semanas sostendrán «una reunión más técnica para entender los patrones» de despojo y afectación territorial a nivel regional.