«Eliminar el voto no es soberanía»:

Amnistía Internacional (AI) pidió a la comunidad internacional elevar la presión contra la reforma constitucional en Nicaragua que excluirá a la oposición de las elecciones.

La Asamblea Nacional, controlada por el régimen nicaragüense, prevé aprobar a inicios de septiembre los cambios a la Constitución solicitados por el dictador Daniel Ortega para impedir la participación de opositores que, según él, están al servicio de Estados Unidos.

«AI (Amnistía Internacional) solicita a los demás Estados que no reconozcan ni normalicen la supresión de este derecho (a elegir) como una decisión soberana de carácter interno», planteó la organización en un comunicado publicado el 30 de julio.

Además, instó a que se exponga la situación en todos los foros multilaterales pertinentes, y que exijan que «Nicaragua cumpla con todas las obligaciones vinculantes que le corresponden en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, especialmente aquellas que asumió voluntariamente».

«La reforma electoral es un intento por consolidar un sistema en el que el Estado arbitrariamente decide quién puede ejercer un derecho humano fundamental y quién queda excluido de él por motivos políticos», dijo Ana Piquer, directora para las Américas de AI.

La organización también pidió al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y a sus Estados miembros que garanticen que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua dé seguimiento específico a las medidas legislativas presentadas y a sus impactos. 

Desmatelamiento del Estado

Ortega, de 80 años, y su esposa y codictadora, Rosario Murillo, de 75, gobiernan con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad, especialmente tras las protestas de 2018 cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU.

«Lejos de revertir este deterioro, las autoridades han continuado el desmantelamiento del Estado de derecho e ignorando sistemáticamente las recomendaciones formuladas por los mecanismos internacionales de derechos humanos», alertó la organización en el comunicado.

La organización recordó que ya en 2025 promovieron una reforma constitucional que eliminó la separación de poderes y subordinó los órganos legislativo, judicial y electoral a la Presidencia.

Según el jefe del Legislativo, Gustavo Porras, la Constitución establecerá que «no podrán ser candidatos a cargos de elección popular, ni podrán ejercer cargos públicos (…) los golpistas» y «los que hayan incurrido en actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua».

También excluirá a «los traidores a la patria» y a quienes «viven pidiendo intervención militar», que «aplauden y piden sanciones para todos nosotros», agregó.

La reforma además ampliará el periodo presidencial de seis a siete años «prorrogables», lo que según líderes opositores supone enterrar las elecciones.

El texto completo de la iniciativa no ha sido difundido aún por la Asamblea ni por el régimen de Ortega.