Video revelador: funcionarios y militares de Ortega presionan a indígenas y protegen a mineros chinos

«Si ellos (los chinos) solicitan la concesión minera, se la van a dar». Con esa frase, una funcionaria de la Secretaría de Recursos Naturales (Serena) intentó convencer a comunitarios miskitus de Kukumain, Waspán, para permitir el ingreso de empresarios chinos interesados en explorar una zona minera en ese territorio boscoso del Caribe Norte de Nicaragua.

El encuentro, grabado en un video que fue publicado en redes sociales de organizaciones miskitus y que fue traducido al español por la Revista Indígena Centroamericana Prâhaku, muestra una reunión entre autoridades regionales, representantes de instituciones estatales, militares y, al menos, tres ciudadanos chinos con habitantes de una comunidad indígena ubicada en una zona de Waspán, en el Caribe Norte.

De acuerdo con indagaciones de Artículo 66, la funcionaria que dirige gran parte de la conversación es Dely Hansack Ignacio, identificada como trabajadora del Serena, una institución adscrita al gobierno regional autónomo de la Costa Caribe Norte, que trabaja en coordinación con el Ministerio del Ambiente (Marena).

En teoría, esta instutución debe enecargarse de supervisar el aprovechamiento de los recursos naturales, evaluar impactos ambientales y verificar que los proyectos extractivos cumplan los requisitos establecidos por la legislación.

Sin embargo, el contenido de la conversación ha despertado cuestionamientos porque la funcionaria parece dar por hecho que una futura concesión será aprobada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en cuanto los inversionistas chinos lo deseen, como si tal se tratara de un país dominado por la potencia asiática.

«Se la van a dar»

Durante la reunión improvisada encima de un terreno minero en medio de la montaña, la funcionaria explica a los comunitarios que los empresarios chinos buscan realizar muestreos de suelo en 30 puntos del territorio para determinar el potencial aurífero de la zona.

«Ellos solo quieren recoger un poquito de tierra. Recogen la tierra y si terminamos todos los puntos hoy, nos vamos mañana», afirma.

Más adelante detalla el procedimiento que, según ella, seguirían las empresas interesadas. «Si ellos consideran que hay oro suficiente, van a solicitar una concesión», señala.

Pero luego va más allá al referirse al resultado de esa eventual solicitud. «La van a solicitar y el gobierno, si ellos se la solicitan, se la van a dar. Hay que estar claro, se lo van a dar. Si ellos dicen que tiene potencial, se la van a dar», dijo insistentemente ante los comunitarios.

Las declaraciones llaman la atención porque sugieren que la decisión estaría prácticamente tomada antes de que concluyan los procedimientos técnicos, ambientales y administrativos que exige la ley para la aprobación de proyectos extractivos.

Durante la visita, la misma funcionaria de Serena les dice a los comunitarios que con ella andaba otra mujer, representante de la Procuraduría General de Justicia (PGJ). Es una persona de aproximadamente unos 32 años, de contextura gruesa, que en el video se observa vistiendo un pantalón jeans azulón, camisa celeste desabotonada y por dentro una camiseta blanca.

Esta representante de la PGJ también intervino brevemente para secundar a la trabajadora de Serena y confirmar que si los empresarios chinos solicitan la concesión, la dictadura se las servirá, pero además, amenazó con que el Ejército estará ahí para servir también a los chinos.

«Desde el momento en que el gobierno les ceda una concesión a los chinos, aquí los chinos no se van a venir a meter solos, aquí el Ejército va a venir a hacer acompañamiento porque el Estado de Nicaragua también tiene que brindar seguridad a la inversión y a los extranjeros ¿ok?» les dice la delegada de la Procuraduría de Justicia en tono de advertencia.

Promesas de beneficios y carreteras

A lo largo del encuentro, la representante del Serena intenta convencer a los indígenas de permitir el ingreso de los visitantes al territorio.

La funcionaria insiste en que los comunitarios seguirán siendo propietarios de las minas artesanales y que la participación de los empresarios chinos se limitaría inicialmente a la compra del oro.

«Ustedes van a seguir trabajando siempre en sus minas, ustedes van a ser los dueños», asegura.

También plantea la posibilidad de futuras inversiones en infraestructura. «Ellos nos dicen que si logran entrar aquí, buscarán cómo hacer una carretera. Si se abriera una carretera desde Bonanza por la zona de Pispís, hasta acá (en la zona minera de Kukumine) ¿Ah?», comenta para convencer a los mineros que no ceden en su desconfianza.

La funcionaria argumenta, con el propósito de persuadir, que una carretera facilitaría el acceso a las comunidades y reduciría los costos de transporte para los habitantes. «Nosotros tenemos que pensar en nuestro futuro, nosotros somos los dueños del oro y de la riqueza, pero si nadie viene a comprárselo, lo van a tener ahí, porque ustedes tienen el oro, pero ellos (los chinos) tienen la plata (dinero)», añade.

Comunitarios expresan desconfianza

Pese a los intentos de persuasión, varios de los comunitarios muestran reservas y desconfianza frente a las promesas oficiales. Uno de los indígenas reconoce que la explicación parece favorable, pero cuestiona la credibilidad de las autoridades.

«Usted habla muy bien, a como lo plantea no suena malo. Logramos entenderle, pero en este tiempo la gente politiquera es mucha, y por eso pretenden venir a darnos vueltas. ¿Y si el día de mañana salen con otra cosa?», pregunta.

Autoridades evaden denuncias sobre colonos

Uno de los momentos más reveladores del video ocurre cuando otro habitante expone la preocupación que tienen por las invasiones de tierras por parte de colonos mestizos y la posibilidad de perder el control de las tierras y minas que actualmente administran. «El temor aquí de muchos es que si nos expropian esta mina porque vieron que los colonos invadieron y tienen el contorno con trocha. Allá, mire, está la prueba, de la trocha que rodea», señala hacia la llanura.

Lejos de responder a la preocupación, la funcionaria descarta el tema. «Ese es otro caso, nada que ver con esto», responde. Posteriormente agrega que el conflicto por la tierra es «un poco más delicado», pero insiste en no profundizar en el asunto.

En Nicaragua, los territorios indígenas de la Costa Caribe cuentan con un régimen especial de protección reconocido por la Constitución Política, el Estatuto de Autonomía y la Ley 445 sobre propiedad comunal.

Estas normas establecen que las tierras comunales indígenas son inalienables, imprescriptibles e inembargables, además de reconocer el derecho de las comunidades a ser consultadas sobre decisiones que afecten sus territorios y recursos naturales.

«No fue una consulta, fue manipulación»

Una fuente indígena que conoció detalles de la visita aseguró a Artículo 66 que el encuentro en Kukumain debe analizarse en el contexto de la violencia que enfrentan las comunidades miskitus por las invasiones de colonos armados.

Según explicó, la zona de minería artesanal es uno de los pocos espacios económicos que permanecen bajo control indígena, pese a años de desplazamientos y conflictos territoriales.

.«Cuando los comunitarios plantean el tema de las invasiones, la respuesta fue que ese es otro tema. Pero cuando se trata de una posible concesión minera, sí aparecen funcionarios, militares y representantes empresariales interesados en llegar hasta el territorio», cuestionó.

La fuente también rechazó que la reunión pueda considerarse un proceso de consulta legítimo. «Esto no es una consulta, es una forma de intimidación. Una consulta indígena no consiste en llegar con funcionarios del Gobierno, militares y empresarios para pedir acceso a los puntos mineros.

A su juicio, la presencia de estos actores creó un ambiente de presión sobre los comunitarios y reforzó la idea de que la decisión ya estaba tomada.

«Cuando les dicen que si los empresarios chinos solicitan la concesión el Gobierno se la va a dar, las comunidades quedan acorraladas, como si no tuvieran opción», afirmó. «Independientemente de que hayan terminado accediendo, el video evidencia que no fue por voluntad, sino bajo presión», insistió el informante indígena.

Es «triste» que haya miskitus facilitando la entrada de mineras chinas

Consultado por Artículo 66 sobre este video y la información que revela, el ambientalista y presidente de la Fundación del Río, Amaru Ruiz, calificó de «triste» que tanto personas de la etnia miskitu como funcionarios del Gobierno Regional estén prestándose para facilitar la entrada de las empresas mineras chinas, de los intereses extranjeros, sobre los territorios.

Ruiz además dice que pese a que las funcionarias de la dictadura llegan a prometerle a los indígenas que van a respetarlos y que les van a comprar el oro, lo que está demostrado, como ocurrió con la empresa Santa Rita Mining, otra minera china, es que una vez que logran tomar posesión de los territorios «más bien los desalojan y que es la misma empresa china la que impone el precio del material o la brosa que extraen de la zona».

«Al final, lamentablemente, las comunidades se van a volver esclavas de estas empresas chinas, porque primero se van a apoderar y como ya lo dicen, si encuentran indicios de material minero, que no solo es oro, entonces van a entregarles la concesión. Lo dice claramente (la funcionaria de la Serena en el video), ahí se demuestra que no hay ningún proceso de consulta libre, previa e informada, se demuestra que los propios funcionarios de Estado son los promotores de las actividades mineras, está clarísimo, y se convierten en voceros de esas empresas y se demuestra que el Estado no está a favor de las comunidades», dice el ambientalista.

Ejército, el guardián de los chinos

Amaru Ruiz considera que esas comunidades indígenas deberían de beneficiarse de entrada de esos procesos de exploración que realizan las empresas chinas. «Deberían de pagar solo por entrar a hacer estudios, las comunidades ya deberían de recibir beneficios, pero las comunidades no están siendo parte de eso, lo que te demuestra es que el régimen está en función de promover la actividad minera, servir de voceros de las empresas chinas y el Ejército funciona como una entidad que va a resguardar esos intereses de los empresarios chinos, porque ahí vemos (en el video) a efectivos militares del Ejército resguardando a esos mineros chinos. Ahí se evidencia claramente cuáles son los verdaderos intereses del régimen Ortega Murillo», concluyó.