Ortega «dona» otras 20 propiedades al INSS: una en Managua y 19 en Estelí

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó la donación de al menos 20 propiedades al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), en una nueva transferencia de bienes estatales oficializada en La Gaceta número 58, publicada este viernes 27 de marzo de 2026.

La decisión quedó plasmada en los Acuerdos Presidenciales 43-2026 y 44-2026, firmados un día antes, el 26 de marzo, en los que la Presidencia instruye a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) a formalizar las donaciones mediante escrituras públicas a favor del INSS.

Un paquete que vuelve a crecer

En el primer acuerdo, el régimen autoriza la entrega de un inmueble ubicado en Managua, inscrito bajo el número absoluto de propiedad BI-9A9VNRA. En el segundo, ordena la transferencia de un paquete mucho más amplio: 19 propiedades ubicadas en el departamento de Estelí, todas registradas en el sistema de propiedad de ese territorio. En conjunto, se trata de 20 bienes inmuebles que pasan a manos del sistema de seguridad social.

«Estas propiedades se encuentran inscritas con los Números Absolutos de Propiedad NAP: 1. BI- XEJQMI; 2. BI-9AJPHC1; 3. BI-C0S52; 4. BI-XEJR2Y; 5. BI-XEHFGX; 6. BI-99XA8SX; 7. BI-XER43X; 8. BI- 2KUKLLEA; 9. BI-9A9VQ4W; 10. BI-2KSWVQSW; 11. BI-3C83GJ; 12. BI-9AGMUQM; 13. BI-PTEK90LZ; 14. BI-9AG0Z8U; 15. BI-9AB3GVL; 16. BI-9A9VSCS; 17. BI-9A6U0AJ; 18. BI-XEJNJ2 y 19. BI-2KW7R4VD todas del Registro Público de la Propiedad Inmueble, Mercantil y de Garantías Mobiliarias del departamento de Esteli», dice el segundo decreto.

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La justificación de la dictadura para repartir estas propiedades, según los dos Acuerdos, es «con la finalidad de fortalecer la Seguridad Social de todos los nicaragüenses creando políticas y estrategias orientadas a aumentar la cobertura de la seguridad social de los trabajadores y sus familias y fortalecer la capacidad institucional para la ejecución de Proyectos».

Propiedades ocultas, pero todo apunta a confiscados

Con esos Números Absolutos de Propiedad (NAP), la dictadura ha encontrado el mecanismo para esconder los datos registrales de los bienes, por lo que resulta difícil saber si efectivamente estos terrenos, viviendas o edificios eran ya propiedad estatal o si fueron apropiados por el régimen a partir de la oleada de confiscaciones que la dictadura sandinsita ordenó en los últimos años contra opositores, activistas, defensores de derechos humanos, ONG, universidades o iglesias católica y evangélica.

Desde 2018, y con mayor intensidad tras las desnacionalizaciones de 2023, el régimen ha despojado de sus bienes a centenares de personas, la mayoría de ellas en el exilio.

Más de un centenar de propiedades «donadas» al INSS

Desde 2024, Ortega ha ordenado la entrega de más de un centenar de propiedades al INSS, incluyendo un primer bloque de 72 bienes —muchos de ellos confiscados— y posteriores traspasos en distintos momentos de 2025 y comienzos de 2026, según lo recontó el medio Confidencial.

Las «donaciones» también ocurren en medio de una crisis financiera del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. La institución arrastra una quiebra técnica desde hace años. El INSS enfrenta un deterioro sostenido producto del despilfarro y la corrupción, incluyendo la extracción de millones de dólares que el régimen entregó a empresarios ligados al anillo económico sandinista y algunos cómplices del sector privado, como ya lo han documentado varias investigaciones periodísticas en los años recientes.

El INSS también está en crisis por que en los últimos años solo ha aumentado la cantidad de personas pensionadas, pero la institución no capta nuevos cotizantes porque el país también ha visto estancada la inversión y la generación de empelos.