Jeanine Áñez, expresidenta interina de Bolivia tras la salida de Evo Morales, logra una victoria judicial desde prisión
La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, obtuvo este lunes una nueva victoria judicial luego de que un tribunal de El Alto anulara el proceso penal en su contra por la vía ordinaria y ordenara que sea procesada mediante un juicio de responsabilidades, procedimiento especial que corresponde a quienes han ejercido la Presidencia de la República.
Áñez, de 57 años, se encuentra presa desde 2021 cumpliendo una condena de 10 años de cárcel por el caso denominado “Golpe de Estado II”, bajo la acusación de haberse situado de forma ilegal en la línea de sucesión y asumir la presidencia de manera irregular en noviembre de 2019, tras la renuncia de Evo Morales en medio de denuncias de fraude electoral y una ola de protestas que sacudió al país.
La audiencia de este lunes duró más de cinco horas y la exmandataria participó de forma virtual desde el penal de Miraflores, en La Paz. El tribunal aceptó un recurso de excepción de incompetencia presentado por su defensa, al reconocer que los hechos investigados ocurrieron durante el ejercicio de la Presidencia, lo que obliga a que el proceso se tramite en sede política y no penal.
«Simplemente quiero decir que la historia recordará que este día se recordará la legalidad. Volvió la independencia judicial y se dio paso a una Bolivia más justa. ¡Que viva Bolivia!», expresó Áñez al concluir la audiencia. La defensa calificó la resolución como un avance hacia el restablecimiento del debido proceso, mientras que los acusadores anunciaron que apelarán la decisión.
Expresidenta Áñez se pronunció en la red social X
La exmandataria también se ha mantenido activa en las redes sociales, y mientras exponía durante la audiencia judicial, publicó un mensaje en su cuenta de X: «En audiencia virtual del tribunal de El Alto, presenté esta mañana la excepción en razón de incompetencia en el caso Patraña 3 por el cual me procesan sin competencia porque como expresidente constitucional de Bolivia no tiene autoridad para juzgarme», dijo Áñez.
Igualmente arremetió contra el expresidente Morales, el líder político al que ella sustituyó cuando el otrora caudillo del MAS pretendió cometer un fraude y luego, cuando se desató la violencia, se fue al exilio. «El verdadero responsable de la violencia en Senkata, Evo Morales, que siempre provoca e instruye atacar y confrontar a los bolivianos, se encuentra en la impunidad», reclamó la exmandataria interina.
Cambio ocurre tras la derrota del izquierdista Movimiento Al Socialismo
Este fallo ocurre en un momento de cambio político en Bolivia: apenas nueve días después de la derrota electoral del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del expresidente Evo Morales y del actual mandatario Luis Arce. El revés del oficialismo marca el fin de la hegemonía de 17 años de la izquierda en Bolivia y coincide con movimientos judiciales que favorecen a opositores presos, entre ellos Áñez, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el exlíder cívico de Potosí, Marco Pumari.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó recientemente la revisión de las detenciones preventivas en todo el país, lo que abrió la puerta a cuestionamientos sobre los procesos que impulsó el gobierno de Arce y fortaleció la narrativa de que Áñez y otros opositores fueron perseguidos judicialmente.
El caso Senkata
El proceso que la justicia anuló este lunes estaba relacionado con los hechos ocurridos el 19 de noviembre de 2019, conocidos como el caso Senkata. Apenas una semana después de que Áñez asumiera la presidencia interina, fuerzas militares y policiales intervinieron en las inmediaciones de la planta de gas de Senkata, en la ciudad de El Alto, donde manifestantes afines al MAS mantenían bloqueado el suministro. El operativo derivó en la muerte de 10 personas y decenas de heridos, lo que dio pie a denuncias de masacre y violaciones a los derechos humanos.
La Fiscalía responsabilizó a Áñez por firmar un decreto que autorizaba la participación de las Fuerzas Armadas en los operativos de orden público. Ella, sin embargo, rechazó la acusación y sostuvo que el decreto no daba “piedra libre para matar” y que la violencia fue producto de la confrontación política incitada por Evo Morales tras su renuncia.
La renuncia y exilio de Evo Morales
Jeanine Áñez, hasta entonces senadora de oposición, asumió la presidencia de manera interina el 12 de noviembre de 2019, tras la renuncia y salida al exilio de Evo Morales, que se produjo en medio de protestas por irregularidades en las elecciones presidenciales de octubre de ese año. Su interinato se prolongó hasta noviembre de 2020, cuando entregó el poder al presidente electo Luis Arce, delfín político de Morales.
Desde entonces, Áñez ha sido objeto de varios procesos judiciales que sus defensores califican como persecución política. Su encarcelamiento se convirtió en un símbolo del enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición boliviana, y en un caso observado con preocupación por organismos internacionales de derechos humanos.
El caso ya no será penal, sino político
La decisión de este lunes no significa que Áñez quede libre de procesos, pero sí representa un cambio de escenario: el caso deberá tramitarse como juicio de responsabilidades ante la Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo de Justicia, un procedimiento más complejo en el que el oficialismo necesita dos tercios de votos legislativos, margen del que actualmente carece.
El fallo llega en un momento en que Bolivia se encuentra en un reacomodo político tras la derrota del MAS y abre un nuevo capítulo en la disputa por el relato de los hechos de 2019, cuando la renuncia de Morales derivó en la etapa más convulsa de la historia reciente del país.
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