Estados Unidos condena confiscación del Colegio San José en Jinotepe por parte de la dictadura Ortega-Murillo

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos calificó este miércoles como «una prueba más de que la perversidad de la dictadura Murillo-Ortega no tiene límites» la confiscación del Colegio Católico San José, en Jinotepe, Carazo, perpetrada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

En un mensaje publicado en la red social X, la dependencia del Departamento de Estado estadounidense denunció que Rosario Murillo «acaba de confiscar otro colegio religioso» y advirtió que su obsesión con «todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado» solo acelerará «el colapso de su régimen». Además, expresó que «el poder de la fe y el deseo del pueblo nicaragüense de liberarse de la tiranía prevalecerá más allá de esta dictadura».

La confiscación fue confirmada el martes 12 de agosto por la propia Murillo, quien celebró la apropiación del centro educativo privado, administrado desde 1985 por la Congregación Josefina, y anunció que pasará a llamarse Colegio Bismarck Martínez, en honor a un militante sandinista que, según el oficialismo, fue asesinado en el contexto de las protestas de 2018 en esa misma localidad.

«Esto es un logro de la paz que vivimos, que resguardamos, que merecemos», dijo Murillo en su alocución meridiana del martes, 12 de agosto, insistiendo en acusaciones contra el colegio como supuesto escenario de torturas y asesinatos cometidos por opositores, sin presentar pruebas.

El Colegio San José ha funcionado desde 1984 y por décadas mantuvo como misión «formar un ciudadano mediante un proceso educativo de calidad, integral, equitativo y permanente».

Hasta el día de su confiscación, este centro privado atendía a unos 600 estudiantes, desde preescolar hasta secundaria, quienes ahora pasarán a formar parte del sistema estatal, supuestamente, bajo la «política de gratuidad» que pregona el régimen.

Fuentes locales informaron que la dictadura sandinista ya designó como nuevo director a Ermes Morales, un maestro de Física, originario de Jinotepe y afín al sandinismo, y que las religiosas que administraban el colegio fueron apartadas de sus funciones sin que el Gobierno informara públicamente sobre su paradero o destino.

El Colegio San José se ubica en una de las entradas principales de Jinotepe, y fue ahí, donde precisamente los opositores instalaron un tranque durante la rebelión cívica de 2018, por lo que la dictadura lanzó un poderoso arsenal armado contra esa barricada y convirtió el colegio en un centro de resistencia simbólica, sobre todo, el 8 de julio de 2018, cuando la dictadura y sus hombres armados ejecutaron ahí la llamada «Operación Limpieza».

Según organismos de derechos humanos, al menos 32 personas fueron asesinadas por policías y paramilitares en Carazo, en un operativo de asalto masivo contra las barricadas levantadas por la población.

Estados Unidos tiene al régimen en la mira

El nuevo pronunciamiento de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental se suma a otra advertencia emitida por la misma entidad norteamericana apenas cuatro días antes, el 9 de agosto de 2025, cuando Ortega mandó a aprobar una ley que derogó la Ley de Fronteras, del año 2010. En la nueva ley solo se confirma que el Estado es dueño de 15 kilómetros tierra adentro después de cada uno de los límites fronterizos, lo que ha sido interpretado como una gran confiscación de tierras privadas.

En ese mensaje, la oficina la Oficina del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental advirtió que «la confiscación masiva por parte del régimen de Murillo-Ortega, de todas las tierras en un radio de 15 kilómetros dentro de las fronteras de Nicaragua, devasta decenas de comunidades y pone en peligro la vida y el sustento de miles de personas en toda nuestra región. Cualquier estadounidense que esté pensando en invertir en Nicaragua debe tener cuidado».

Estos dos señalamientos evidencian que Washington mantiene la mirada puesta sobre la situación en Nicaragua y que el seguimiento a las acciones de Ortega y Murillo no se limita a temas políticos o de derechos humanos, sino que también alcanza el ámbito económico y la seguridad de las inversiones extranjeras en el país.