Ley de fronteras era estorbo para la minería china en Río San Juan y Ortega la manda a derogar de urgencia

La Asamblea Nacional de Nicaragua, bajo control absoluto del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aprobó este martes, cinco de agosto, una nueva Ley de Territorio Fronterizo que, en la práctica, deroga la Ley 749 de Régimen Jurídico de la Frontera, vigente desde 2010.

Aunque la nueva normativa mantiene la definición del territorio fronterizo como una franja de 15 kilómetros desde el límite internacional hacia el interior del país —un concepto ya contenido en la ley anterior—, su único efecto real es la eliminación del marco legal que restringía actividades privadas en esa zona y establecía el resguardo exclusivo del Ejército.

La nueva ley, compuesta por apenas cuatro artículos, la aprobaron en trámite exprés, sin discusión legislativa y con vigencia inmediata tras su publicación «en cualquier medio de comunicación social, escrito o digital», según el artículo 4. De esta manera, el régimen se salta incluso la formalidad de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

Esta nueva Ley de Fronteras es «un parche desesperado» hecho a posteriori

Para el ambientalista Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, esta maniobra es un «parche desesperado» con el que la dictadura intenta encubrir la ilegalidad de una reciente concesión minera otorgada a la empresa china Thomas Metal S.A. en territorio fronterizo con Costa Rica, específicamente en el departamento de Río San Juan.

«Lo que vimos hoy con la modificación de la ley de frontera es que el régimen está tratando de hacer un parche a una acción que entregaron una concesión en la zona fronteriza, que es la concesión de minería china que hicieron en la zona dentro de la reserva de los Indio Maíz, dentro del territorio Rama Kriol, dentro del refugio de vida silvestre de Río San Juan», declaró Ruiz.

La Ley 749, ahora derogada, prohibía expresamente la presencia de actividades privadas en los 15 kilómetros fronterizos y atribuía al Ejército de Nicaragua la obligación de su resguardo como zona de seguridad nacional. La concesión minera otorgada a Thomas Metal S.A. violaba abiertamente ese marco jurídico, lo que motivó la derogación apresurada.

«De seguro que alguien se percató a última hora que violaba la ley de zona fronteriza porque entregaron una concesión en un sitio que se considera de resguardo para la soberanía de Nicaragua. Entonces se dieron cuenta, hicieron la derogación de la ley y lo hicieron rápido», explicó Ruiz.

El ambientalista también alertó que la nueva ley carece de contenido sustantivo.

«Es una ley de cuatro artículos. Uno de ellos lo deroga, otro dice que se publique. Eso es otra cosa interesante, que se publique en cualquier medio sin necesidad de aparecer en La Gaceta. O sea que les urgía aprobar eso y por cualquier medio de comunicación ya se tiene que dar por enterado el pueblo nicaragüense», denunció.

Minería y militarización de la frontera

Según Ruiz, el régimen se prepara para desarrollar infraestructura en la zona fronteriza que facilite las operaciones de la minería industrial. Señaló que la información que maneja Fundación del Río indica que se planea la apertura de al menos cuatro nuevos puestos fronterizos en San Juan de Nicaragua, el Delta, Sarapiquí y Papaturro.

«Lo que nosotros estamos viendo es que los beneficiarios reales de la habilitación de puestos fronterizos, que tendría que haber reciprocidad con el gobierno de Costa Rica (…) pero eso se está pensando para el beneficio de la minería que se está otorgando en la zona de Río San Juan, para mover equipos, para mover maquinaria, para mover toda una serie de necesidades que va a tener la empresa», explicó.

Además, advirtió que el régimen podría utilizar esta modificación legal para expulsar a los mineros artesanales que actualmente operan en esa zona —incluyendo dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz— y entregar todo el control del área a la empresa china.

«O llegan a acuerdo, que es una de las posibilidades, con algunos pocos, sobre todo con los cabecillas que están dentro de esa minería artesanal ilegal (…), o van a sacarlos. Y ahí van a tener control del Ejército para sacar a esas personas que están ahí, y más bien que se apropie esta empresa de ese sector», concluyó Ruiz.