«Régimen de convivencia familiar pone en peligro a las mujeres», alerta vocera del Observatorio contra la Violencia de Género en Nicaragua

Las recientes declaraciones de la codictadora Rosario Murillo, anunciando la entrega de beneficios de «convivencia familiar» a 1.500 presos, ha generado preocupación entre organizaciones feministas. Aunque la vocera del régimen destacó que solo un «pequeño porcentaje» de los liberados reincide en delitos, activistas denuncian que esta medida pone en riesgo la vida de miles de mujeres en el país.

En su alocución diaria de este miércoles, 30 de julio, Murillo subrayó que únicamente el 7.5% ha vuelto a cometer delitos, lo que, según ella, valida el modelo de reinserción social. «Devolver a sus hogares y familias a las personas que cometieron errores y delitos les da la oportunidad de enderezarse y progresar», afirmó.

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Sin embargo, el Observatorio de Violencia contra la Mujer alertó sobre las consecuencias de hacer estas liberaciones sin aplicar ningún filtro, beneficiando a agresores que, incluso, han sido condenados por delitos graves relacionados con la violencia de género.

«Estas liberaciones nos afectan mucho. Este mes de julio ha sido particularmente cruel, con casos espantosos como el de la niña que apenas comenzaba su infancia y fue asesinada por tres hombres cercanos a su círculo familiar. Hoy, el agresor está más cerca de la familia», señaló una feminista de la organización, quien prefirió mantenerse en el anonimato.

Cifras de femicidios alarman

De acuerdo con datos proporcionados por este grupo, se han registrado 47 femicidios de nicaragüenses en lo que va de 2025, 33 de ellos ocurridos dentro del territorio nacional. Esta cifra se traduce a que, cada seis días, una mujer es asesinada por motivos de género dentro del país.

La feminista dijo que muchos de los agresores liberados bajo el régimen de convivencia familiar no solo reinciden en delitos de violencia de género como agresiones sexuales o psicológicas, sino que su conducta empeora, llevándolos a cometer femicidios.

«El año pasado, seis femicidios fueron cometidos por hombres que habían sido liberados por esta medida, tras haber cumplido solo una parte mínima de su condena por violencia de género», destacó la vocera.

Uno de los casos más recientes fue el ocurrido en Villa Reconciliación el pasado 22 de junio, cuando Bayardo José Morales Osorio asesinó a su exesposa, Julissa Asunción Montoya Chavarría y a su hija adolescente. Morales había sido procesado por intimidación y amenazas. Durante algunas semanas estuvo en prisión preventiva, pero el 31 de enero de 2025, el juez Harold Leal Elías autorizó la suspensión condicional del juicio y quedó en libertad, por considerar que el delito «era menos grave».

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«Este caso es un ejemplo. En libertad, perpetró un femicidio. El juez le dio otra oportunidad. Lo liberaron, lo sacaron tranquilamente… el sistema de justicia ha fallado en proteger a las mujeres», reiteró la activista.

Aplican régimen de convivencia, pero no la ley 779

La vocera explicó que este tipo de casos deja en evidencia la falta de un compromiso del Estado para aplicar leyes como la Ley 779, la cual fue creada con el objetivo de proteger a las mujeres.

«Si la Ley 779 se aplicara como corresponde, las mujeres estaríamos más protegidas. Pero hoy, más de 400 comisarías no están haciendo lo suficiente para prevenir los femicidios y las víctimas de violencia sexual o doméstica siguen siendo vulnerables», dijo.

Alertó que, con la liberación de agresores y la falta de estadísticas oficiales claras, las mujeres nicaragüenses quedan en estado extremo de vulnerabilidad. «La justicia es inalcanzable para nosotras. Este régimen de convivencia libera a personas que cometen delitos y esto incluye a los agresores de mujeres y les da una segunda oportunidad para seguir violentando».