Treinta expresidentes de Iberoamérica exigen justicia por el asesinato de Roberto Samcam en Costa Rica

Treinta exjefes de Estado y de Gobierno de América Latina, España y el Caribe, miembros del foro internacional Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA), emitieron este viernes, 20 de junio, una declaración conjunta en la que condenan el asesinato del mayor en retiro Roberto Samcam, opositor exiliado del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y exigen a las autoridades costarricenses una investigación imparcial, profunda y eficaz que conduzca al castigo de los responsables materiales e intelectuales.

En el documento, los expresidentes califican el crimen de Samcam como un acto «vil» y expresan sus condolencias a su familia y al pueblo de Nicaragua. La declaración recuerda que la persecución contra los nicaragüenses en el exilio no solo ha implicado amenazas, hostigamiento y despojo arbitrario de la nacionalidad, sino también «el secuestro y el asesinato en los territorios extranjeros de acogida, como el costarricense».

Los exjefes de Estado afirman que este tipo de crímenes «implica un abierto desprecio por los derechos a la vida y la integridad de las personas, la soberanía de los Estados y la institución del asilo», y denuncian la transnacionalización de la represión por parte de las «dictaduras del siglo XXI», citando como ejemplo el asesinato del teniente venezolano opositor Ronald Ojeda, secuestrado y ejecutado en Chile en 2024.

La declaración insta a que estos hechos «llamen la urgente atención» tanto de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional como de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, incluyendo el Consejo Permanente de la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los expresidentes demandan al gobierno de Costa Rica que cumpla con su deber internacional de garantizar justicia, no como un «simple esfuerzo procesal», sino mediante acciones eficaces que permitan identificar y sancionar a los responsables. También hacen un llamado a los gobiernos del continente a proteger a los asilados y refugiados en sus territorios, reconociendo que son víctimas de regímenes represivos que los obligan a huir para salvaguardar sus derechos y su vida.

La declaración está firmada por:
• Mario Abdo (Paraguay)
• Carlos Alvarado, Óscar Arias, Rafael Ángel Calderón, Laura Chinchilla, José María Figueres, Miguel Ángel Rodríguez y Luis Guillermo Solís (Costa Rica)
• José María Aznar y Mariano Rajoy (España)
• Nicolás Ardito Barletta y Mireya Moscoso (Panamá)
• Felipe Calderón y Vicente Fox (México)
• Alfredo Cristiani (El Salvador)
• Iván Duque, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe (Colombia)
• Federico Franco y Juan Carlos Wasmosy (Paraguay)
• Osvaldo Hurtado, Guillermo Lasso, Jamil Mahuad y Lenín Moreno (Ecuador)
• Luis Alberto Lacalle y Julio María Sanguinetti (Uruguay)
• Mauricio Macri (Argentina)
• Hipólito Mejía (República Dominicana)
• Carlos Mesa y Jorge «Tuto» Quiroga (Bolivia)

El crimen ordenado desde Nicaragua

El asesinato de Roberto Samcam ocurrió la mañana del jueves, 19 de junio de 2025, en San José, Costa Rica. Samcam, mayor en retiro del antiguo Ejército Popular Sandinista de Nicaragua, se encontraba exiliado en ese país desde hacía varios años tras denunciar públicamente la participación de las fuerzas armadas nicaragüenses en crímenes de lesa humanidad y represiones contra la población civil.

Samcam fue atacado a tiros por un hombre que llegó entre las 7:30 y las 7:45 de la mañana hasta el conjunto de apartamentos Naples, en el cantón de Moravia, San José, Costa Rica, donde vivía el exmilitar.

Según la Cruz Roja Costarricense, cuando las unidades de rescate llegaron a la escena del crimen, Samcam ya no tenía signos vitales. La Policía Judicial costarricense (OIJ) confirmó que se trata de un caso de homicidio ejecutado por un hombre, pero que a la casa de la víctima llegaron dos hombres a bordo de un vehículo, uno de ellos entró a ejecutar el crimen y el otro se quedó esperándolo en el carro. Cuando el atacante terminó su crimen salió y ambos huyeron en el automotor, dice la misma OIJ.

El reporte preliminar indica que Samcam recibió ocho disparos de una pistola 9 milímetros, de los cuales, dos le impactaron en las piernas, dos en el abdomen, tres en el tórax y uno en la axila.

Samcam era una de las voces más visibles y críticas contra la cúpula militar de Daniel Ortega. En entrevistas, artículos y foros internacionales denunció cómo el Ejército de Nicaragua —lejos de mantenerse como una institución profesional y apolítica— había sido instrumentalizado por la dictadura para reprimir, vigilar y perseguir a la oposición. Sus denuncias lo convirtieron en blanco de amenazas y acoso, tanto dentro como fuera de Nicaragua, al punto de solicitar protección internacional en Costa Rica.

Tras conocerse el asesinato, figuras políticas costarricenses expresaron su condena. La expresidenta Laura Chinchilla, también firmante de este comunicado de IDEA, publicó en su cuenta de X: «Expreso mi indignación ante la actitud de descuido e indolencia que ha tenido la #DIS (Dirección de Inteligencia y Seguridad) frente a las amenazas que han recibido los nicaragüenses exiliados o refugiados en #CostaRica Es inadmisible que los sicarios de la dictadura de #Nicaragua operen con total libertad e impunidad en nuestro país. Ya son dos los asesinados!!».

Por su parte, el expresidente Luis Guillermo Solís, también miembro de la Iniciativa Iberoamericana de exmandatarios, afirmó en su red social: «El asesinato en Costa Rica de Roberto Samcam, exiliado en nuestro país por su frontal oposición a la dictadura de Ortega y Murillo, es un acto indignante y gravísimo».

Solís además fustigó al gobierno costarricense que preside Rodrigo Chaves: «A tanta incompetencia, se suma al estado de permanente disimulo con que la administración Chaves Robles trata los nefastos actos de aquél régimen alegando un presunto “pragmatismo” geopolítico. Este crimen tiene que ser aclarado y no puede quedar impune».

Ambos exmandatarios destacaron la necesidad de que Costa Rica cumpla con su deber de proteger a las personas exiliadas y garanticen justicia ante este crimen que ha conmocionado a la comunidad nicaragüense en el exilio y ha encendido alertas sobre la seguridad de los refugiados políticos en la región.