Embajada de EE. UU. advierte a sus ciudadanos sobre nuevos límites de velocidad en Nicaragua: «Adapte su conducción»

La Embajada de Estados Unidos en Nicaragua emitió este 18 de junio un mensaje de advertencia para sus ciudadanos ante la entrada en vigencia de nuevos límites de velocidad en todo el territorio nacional. En el comunicado, la sede diplomática informa que, desde el 17 de junio, el régimen de Daniel Ortega ha reducido la velocidad máxima permitida a 50 kilómetros por hora para automóviles, camionetas, todoterrenos y vehículos de transporte público de pasajeros y de carga, y a 40 kilómetros por hora para motocicletas. Además, advierte que ahora está prohibido que niños viajen como pasajeros en motocicletas, sin que se especifiquen excepciones o condiciones.

«Tenga en cuenta que es posible que la señalización vial aún no refleje estos cambios. Independientemente de la señalización, los nuevos límites están vigentes en todo momento. Por favor, adapte su conducción según corresponda», señala el comunicado publicado en el sitio web y redes sociales de la embajada estadounidense.

El nuevo límite de velocidad fue anunciado de forma repentina por la vocera de la Policía Nacional, Karen Obando, durante una alocución transmitida el 13 de junio de 2025. Obando no presentó ningún estudio técnico ni base legal para el cambio, y se limitó a leer una directriz que supuestamente responde a «la orientación del Comandante Daniel Ortega» para enfrentar la accidentalidad vial. En ese acto, la funcionaria policial declaró: «La orientación es reducir la velocidad máxima permitida a 50 km/h en todo el país para vehículos livianos y a 40 km/h para motocicletas. Esto incluye áreas urbanas y rurales». La resolución fue impuesta sin reforma legal alguna y sin que se presentara públicamente el plan que Ortega solicitó semanas antes a la jefatura policial.

Críticos y organizaciones ciudadanas han calificado la medida como improvisada, sin respaldo normativo ni análisis de impacto. Aunque el régimen la justifica como una respuesta a la creciente siniestralidad vial —solo en 2024 murieron al menos 937 personas en accidentes de tránsito, según datos oficiales—, analistas sostienen que se trata de una acción recaudatoria más que preventiva. La multa establecida por exceder el límite de velocidad es de 2.500 córdobas, equivalentes a aproximadamente 68 dólares estadounidenses, una cifra elevada para la mayoría de conductores en el país.

A pesar de que la Ley de Tránsito vigente en Nicaragua (Ley 431) establece velocidades diferenciadas para distintos tipos de vías y zonas, el régimen ha decidido imponer estos nuevos topes de forma generalizada, sin derogar ni reformar los artículos correspondientes. Tampoco ha instalado señalización nueva, ni se ha realizado una campaña de educación vial o actualización normativa. La policía ha informado que los controles y sanciones serán efectivos de inmediato, independientemente de si la vía tiene señalizaciones que indiquen otra velocidad.

La imposición de este cambio ha generado incertidumbre entre conductores, especialmente en zonas rurales y tramos carreteros donde antes se permitían velocidades mayores. La falta de señalización clara y la ambigüedad de la orden abren la puerta, según defensores de derechos ciudadanos, a que los agentes de tránsito usen el cambio como una herramienta de presión o cobro arbitrario. «No hay un plan, no hay una reforma legal, no hay estudios. Solo hay una orden del caudillo y la policía obedece», comentó bajo anonimato un abogado especialista en derecho administrativo.

Con esta nueva disposición, Nicaragua se convierte en uno de los países con límites de velocidad más bajos de América Latina, sin que existan reportes técnicos que sustenten su aplicabilidad en la red vial actual. Conductores deberán adaptarse de inmediato a la nueva regla, a riesgo de enfrentar multas elevadas, aun en tramos donde la infraestructura no ha sido ajustada para operar bajo esos márgenes.

El llamado de la embajada estadounidense subraya exclusivamente la necesidad de que sus ciudadanos estén informados y ajusten su conducción en Nicaragua ante un cambio que, aunque no cuenta con respaldo técnico ni legal claro, ya está siendo aplicado por las autoridades del régimen.