Dictadura de Ortega impone nuevos límites de velocidad en carreteras y prohíbe llevar niños en motocicleta

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo anunció este martes, 17 de junio, la entrada en vigencia de una nueva normativa que impone límites de velocidad más restrictivos para todos los conductores que circulen por carreteras del país, sin distinción entre vehículos particulares o del transporte colectivo y de carga. La disposición, con las regulaciones de movilidad nacional, fue presentada por la subcomisionada Karen Obando, vocera de la Policía sandinista.

«Damos a conocer la nota informativa 001-2025. Velocidades permitidas a conductores a partir de hoy, martes 17 de junio. En carreteras, un máximo de 50 km por hora para los conductores de transporte privado o público de carga o pasajeros. Y conductores de motocicletas, 40 km por hora. Vehículos particulares, un máximo de 50 km por hora. Se prohíbe transportar a niños y niñas como pasajeros en motocicletas», declaró Obando.

Esta normativa se da semanas después de que el propio Daniel Ortega anticipara públicamente la iniciativa, durante un acto oficial en el que aseguró que había pedido a la Policía Nacional un estudio y un reglamento para regular las velocidades máximas permitidas en el país. En esa ocasión, Ortega señaló: «Se debe poner un límite donde no puede ser de 90 kilómetros ni de 100 kilómetros, poner un límite que tendrán trabajarlo bien los compañeros y hacernos la propuesta, si el límite es de 50 kilómetros por hora o es de 60 kilómetros por hora, van a alegar que eso les va a provocar pérdidas porque es más tardanza, ah, pero no vale más un camión con mercadería que la vida de un ciudadano».

La medida ha provocado cuestionamientos entre conductores y usuarios de redes sociales, que han cuestionado la viabilidad de circular a velocidades tan reducidas, especialmente en tramos largos de carretera o zonas sin mayor densidad poblacional. «¿Quién puede recorrer una vía interdepartamental a 50 kilómetros por hora sin causar atascos y pérdidas de tiempo?», escribió un usuario en Facebook. Otros la comparan con «una política de ralentización total del país».

Adicionalmente, los conductores cuestionan que pese a que el mismo Ortega dijo que le pediría a la Policía un plan que justificara dicha medida, hasta ahora no se ha hecho público un documento que detalla y justifique los límites de velocidad ni establezca diferencias entre tipos de vehículos o tramos de carreteras, áreas habidas, zonas escolares o zonas urbanas, lo que vuelve a revelar que la medida es sencillamente antojadiza e improvisada.

Según datos de la propia Policía Nacional, el país registra anualmente más de 900 muertes por accidentes de tránsito, en su mayoría asociados al exceso de velocidad, consumo de alcohol y fallas mecánicas.

Expertos en ingeniería vial y transportistas advierten que imponer una velocidad máxima tan baja en todo el país no aborda las causas de los accidentes, y puede incluso tener efectos contraproducentes si no va acompañada de una reestructuración vial, señalización adecuada y vigilancia efectiva. «Establecer un límite universal de 50 km/h no solo es técnicamente inviable, sino que podría incrementar el congestionamiento, la frustración de los conductores y el irrespeto a la norma por su falta de realismo», indicó a Artículo 66 un ingeniero civil especializado en tránsito, bajo condición de anonimato por temor a represalias.

Un transportista de carga que se desplaza por toda Centroamérica, consultado por este medio, opinó que los nuevos límites de velocidad harán imposible cumplir con los itinerarios establecidos, lo que los expone a sanciones adicionales. El trabajador del volante detalló que el tiempo de viaje ya es exigente con los parámetros actuales, y que reducir la velocidad lo haría inviable. «De Managua a El Guasable se hace en ocho horas. A esa velocidad no va a llegar a tiempo uno. Lo van a multar a uno. Si ponen esa ley, tienen que dar más horas», comentó.

También explicó que los tiempos asignados para entregar carga en trayectos como El Guasable a Peñas Blanca son muy ajustados, y que los conductores necesitan descansar entre jornadas. «Está bueno que hubieran puestos unos 70, 75, pero a 50 es muy despacio. Nos va a afectar mucho eso», insistió, al tiempo que pidió que la Cámara (Asociación) de Transporte (de carga) y las autoridades de tránsito «se pongan las pilas» y ajusten los horarios para permitir cumplir las rutas sin penalizaciones.

La Policía también anunció que se prohíbe llevar a niños y niñas como pasajeros en motocicletas, sin precisar la edad límite, ni excepciones para zonas rurales donde este medio de transporte es uno de los pocos disponibles para las familias.

Aunque la medida ya está en vigor, no se ha informado si habrá un período de gracia, multas específicas, mecanismos de control o recursos administrativos para los ciudadanos sancionados. En los últimos años, la Policía Nacional ha sido señalada por su carácter represivo, el uso de las coimas o «mordidas» que atiza la corrupción, y su utilización como brazo de vigilancia política al servicio del régimen.

La disposición se suma a otras medidas arbitrarias y poco transparentes implementadas por la dictadura en materia de transporte, como los retenes selectivos en carreteras. El nuevo límite de velocidad representa no solo una regulación técnica, sino también una muestra del control absoluto que ejerce el régimen sobre la vida cotidiana de los nicaragüenses, incluso al conducir, y también representará una fuente de negocio para la dictadura mediante las multas económicas.

De acuerdo con reportes oficiales publicados por medios independientes, solo en el primer trimestre de 2025 la institución recaudó más de 374 millones de córdobas por sanciones impuestas a conductores, además de 129 millones adicionales generados por los cursos obligatorios de reeducación vial. En 2024, los ingresos por esta vía superaron los 385 millones de córdobas, una cifra que evidencia el peso financiero que representan las multas dentro de la operación policial.

Sin embargo, esa millonaria recaudación no ha implicado una reducción proporcional en los niveles de accidentalidad ni en las muertes por siniestros viales. Al contrario, los accidentes de tránsito se han mantenido como una de las principales causas de muerte en el país.

Por tanto, la imposición de una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora en todas las carreteras del país, y de 40 kilómetros por hora para motocicletas, responde a ese giro en la política de tránsito, pero sin corregir las fallas y carencias del sistema.