Ortega y Murillo rompen con ACNUR y acusan a la agencia de ser «instrumento de manipulación» al servicio de potencias

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo notificó este jueves, 12 de junio, su salida irrevocable de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), acusando al organismo de actuar con «doble rasero», de ser un «instrumento de manipulación» y de publicar reportes «llenos de engaños y manipulaciones» sobre Nicaragua.

La decisión fue comunicada en una carta oficial firmada por Valdrack Jaentschke, actual canciller del régimen, y dirigida al alto comisionado Filippo Grandi. En el documento, Jaentschke justifica la ruptura argumentando que ACNUR ha abandonado su mandato como órgano subsidiario de la Asamblea General de Naciones Unidas y que, en lugar de atender su función humanitaria, se ha convertido —según el régimen— en una agencia al servicio de «las Potencias que aún no aceptan el derecho de los Pueblos y Naciones a su Soberanía y Autodeterminación».

«Le saludamos en ocasión de hacer referencia a las sesgadas y parcializadas publicaciones que esta Organización ha realizado, llenas de engaños y manipulaciones, distanciadas totalmente de la verdadera realidad del Pueblo y de las Familias nicaragüenses», dice la carta enviada por Jaentschke. Añade que el Gobierno de Nicaragua considera que estas prácticas «contravienen los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y atentan contra la Soberanía de nuestro Pueblo», por lo cual notifica su «decisión soberana de retirarnos a lo inmediato de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR».

Una cadena de rupturas con organismos de Naciones Unidas

La salida de Nicaragua de ACNUR se suma a una serie de decisiones similares que ha tomado la dictadura en los últimos años para aislar al país de los mecanismos internacionales de verificación y rendición de cuentas. La más grave y simbólica ocurrió en febrero de 2025, cuando el régimen anunció su retiro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, tras múltiples resoluciones e informes que responsabilizaban a la administración Ortega-Murillo por crímenes de lesa humanidad cometidos desde la represión de abril de 2018. La dictadura acusó al Consejo de ser un «instrumento injerencista» y rechazó sus evaluaciones como «políticas y unilaterales».

Otra salida relevante fue de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), de las cuales Nicaragua se retiró formalmente en marzo de 2025. La ruptura se produjo después de reiteradas advertencias de la OIT por la eliminación de sindicatos independientes, el deterioro de las condiciones laborales y la represión contra trabajadores estatales que se manifestaban contra el régimen.

«Hemos comunicado a la OIT los recurentes e indebidos procesos al actuar de manera “politizada” conociendo temas esencialmente políticos y propios de la jurisdicción interna de los estados, actuando la OIT fuera de su marco jurídico, eso es dañino y lesiona la soberanía Nacional y la autodeterminación de los pueblos», expresó Murillo al informar sobre la salida.

En el ámbito de la seguridad alimentaria, el régimen también decidió suspender su cooperación con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en febrero de 2025. Aunque en años anteriores había mantenido una relación fluida con este organismo, las tensiones aumentaron después de que la FAO emitiera un informe crítico sobre la inseguridad alimentaria en zonas rurales del país, lo que fue interpretado por la dictadura como una «agresión encubierta» al modelo productivo del Gobierno.

La dictadura calificó el informe como «carente de objetividad, rigor metodológico y portador de información falsa». Según el gobierno, el documento tiene «una tendencia injerencista, agresiva y difundida de manera malintencionada con fines políticos».

El cuatro de mayo de 2025, la dictadura también anunció su ruptura con la Agencia de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Esta ruptura fue porque que este organismo entregó un premio al diario La Prensa, un medio de comunicación que opera desde el exilio por la persecución y confiscación que el régimen descargó contra la rotativa de casi 100 años de historia.

A esta lista se suma la expulsión en agosto de 2018 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). La oficina había documentado de forma contundente la represión estatal tras las protestas de abril de ese año, y responsabilizó a fuerzas policiales y parapoliciales por ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas. La dictadura acusó a la OACNUDH de tener un «enfoque sesgado» y ordenó su salida inmediata del país.

Finalmente, aunque no se trata de una agencia permanente de Naciones Unidas, el régimen también ha rechazado de forma tajante al Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), un mecanismo creado por el Consejo de Derechos Humanos para investigar las violaciones ocurridas desde 2018. Nicaragua no ha permitido el ingreso de este grupo ni ha reconocido sus hallazgos, y ha calificado sus informes como parte de una «campaña de desprestigio internacional» orquestada por países enemigos.

El anuncio del régimen de su retiro de ACNUR ocurre mientras la comunidad internacional ha redoblado sus denuncias contra la dictadura por la privación arbitraria de nacionalidades, el destierro forzoso, la persecución religiosa, la confiscación de bienes de opositores y el control total de las instituciones públicas. A la vez, el número de refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses continúa en aumento: según datos de ACNUR, más de un millón de personas han huido del país desde 2018, la mayoría hacia Costa Rica, Estados Unidos, México y España.