Ejército y Policía entrenan a paramilitares en las montañas de Matagalpa, Jinotega y León

Los codictadores de Nicaragua mantienen activo a su bloque de paramilitares y los están entrenando en las montañas del país, subraya el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) en su informe titulado Instituciones y personas responsables de los principales patrones de violaciones y abusos de los derechos humanos y crímenes perpetrados en Nicaragua desde abril de 2018.

Los expertos independientes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) refieren que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo está gestando en silencio la maquinaria que sostiene su poder. Por ello, la dictadura ha mantenido los entrenamientos de grupos armados progubernamentales, los que han adquirido carácter sistemático y estratégico en regiones rurales del país, en particular, en la zona norte.

«El entrenamiento de los grupos armados progubernamentales ha sido un factor determinante en su capacidad operativa», señala el informe, advirtiendo que lejos de haberse desmontado después de la crisis de 2018, este aparato se ha fortalecido mediante prácticas de adiestramiento encubiertas y continuas.

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Las zonas identificadas como principales centros de instrucción son las montañas de Jinotega, Matagalpa y León, regiones históricamente utilizadas para operaciones militares por su geografía, difícil acceso y aislamiento. Allí, los paramilitares reciben entrenamiento especializado en combate irregular, lo que les permite operar con altos niveles de eficacia.

El informe indica que «a cada institución pública se pide un grupo para llevarlo a entrenamiento a las montañas de Jinotega, Matagalpa y León», lo que demuestra una implicación directa del aparato estatal en la formación de estos grupos. No se trata de milicias espontáneas o desorganizadas: hay un plan, un mando y una logística sostenida.

Los ejercicios incluyen «técnicas de supervivencia con formación en el uso de armamento y tácticas de combate irregular», así como «adaptación a terrenos hostiles, camuflaje avanzado y orientación sin equipos electrónicos». Esta instrucción no solo tiene un enfoque bélico, sino que también está diseñada para preparar a los grupos armados para operaciones prolongadas en áreas remotas sin depender de tecnología moderna.

Los formadores de paramilitares

«Civiles, excombatientes del Ejército Popular Sandinista, miembros de la Reserva Patriótica y funcionarios públicos de las alcaldías participaron de estos entrenamientos en 2018 y lo continúan haciendo hasta la fecha», alerta el GHREN. Es decir, no se trata de un esfuerzo puntual durante la crisis, sino de un mecanismo vigente que sigue operando en la sombra del Estado.

El entrenamiento es dirigido por personal altamente calificado: «Este proceso ha sido dirigido por personal de inteligencia, militares y policías en funciones, así como por militares en retiro», lo cual refuerza la tesis de que estos grupos no actúan de manera autónoma, sino coordinada y subordinada al poder central.

Según el informe, las sesiones de formación abarcan «el uso y mantenimiento de armamento de diverso calibre, incluidas armas de guerra y municiones de alto impacto», lo cual constituye una clara amenaza para la población civil y representa una violación flagrante de los estándares internacionales de seguridad.

El GHREN además remarca una posible colaboración directa con los grupos armados en activo: «El Grupo de Expertos obtuvo información que indicaría que fuerzas de seguridad habrían participado en dichos entrenamientos, lo que requiere profundizar su investigación en este tema». De confirmarse, implicaría la integración orgánica de estructuras paralelas al sistema formal de defensa del Estado.

Desde el estallido social de abril de 2018, estos grupos paraestatales han cumplido múltiples funciones represivas desde sofocar protestas con armas de alto calibre hasta realizar labores de inteligencia, vigilancia y control social.

Los «policías voluntarios» encapuchados 

A partir de enero de 2025, tras sepultar la Carta Magna y crear una nueva Constitución Política que garantiza la sucesión familiar en el poder y la sumisión absoluta de todos los grupos armados, el régimen ha montado decenas de actos para juramentar a sus «policías voluntarios», ciudadanos que ocultan tras un pasamontañas y uniforman con camiseta blanca y jeans negro.

Según un recuento de Artículo 66, la cifra supera los 67,300 encapuchados. Sin embargo, detrás de estos números se esconde una realidad odiosa: la mayoría de estos «paramilitares» son en realidad empleados públicos obligados a participar bajo amenazas de despido y coacción. Se desconoce si a estos civiles los incluyen en esos grupos para entrenarlos o si son seleccionados.

La dictadura nicaragüense sigue operando sobre una estructura represiva tripartita, en la que el Ejército, bajo el mando absoluto de Ortega, sigue siendo el garante de la estabilidad del régimen desde las altas esferas del poder; la Policía Nacional continúa siendo un brazo fundamental de la represión cotidiana, actuando en subordinación total con el régimen para la imposición de un estado policial; y los paramilitares, ahora oficializados como «policía voluntaria», operan bajo la influencia directa de Murillo, convirtiéndose en su propia fuerza de choque.