Poder Judicial de Nicaragua guarda silencio ante denuncia de venta ilegal de tierras indígenas
La organización ambientalista Fundación del Río denunció la inacción del Poder Judicial de Nicaragua ante una red de abogados y notarios que continúan facilitando la venta ilegal de territorios indígenas y afrodescendientes, una práctica prohibida por la Ley 445 de Régimen de Propiedad Comunal y la Constitución de Nicaragua.
Según la denuncia pública de Fundación del Río, enviada a la Dirección General de Registro y Control de Abogados y Notarios Públicos (Digercanp) y a la Dirección General del Consejo de Carrera Judicial (CCJ) en febrero de este año, al menos 23 abogados y notarios públicos han participado en 42 transacciones ilegales, facilitando la transferencia fraudulenta de aproximadamente 32,000 manzanas de tierras comunales.
Poder Judicial ignora la denuncia
A pesar de que la denuncia fue presentada ante las instancias correspondientes, el Poder Judicial sigue sin pronunciarse ni tomar medidas contra los abogados señalados. Fundación del Río advirtió que la inacción de la Digercanp y el CCJ podría convertir al Poder Judicial en cómplice de estas operaciones fraudulentas.
Marling Jarquín Ortega, directora de la Digercanp, y Fátima del Socorro Rosales González, directora del CCJ, tienen la facultad de solicitar a la Inspectoría Judicial que inicie una investigación sobre el proceder de estos notarios y abogados, pero hasta la fecha no han tomado ninguna acción.
El presidente de Fundación del Río, Amaru Ruiz, señaló que continuarán insistiendo en que el Poder Judicial sancione a los responsables. «Continuaremos utilizando las vías oficiales de quejas y denuncias para que se sancione a estos abogados y notarios públicos. De no suceder nada, eso implicaría que el Poder Judicial también es cómplice al permitir que continúen elaborando escrituras públicas para establecer transacciones comerciales en propiedades comunales», afirmó Ruiz.
Además, cuestionó el doble rasero del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, señalando que «sancionan a abogados y notarios por ser opositores, pero no sancionan a los abogados y notarios que realizan estas actuaciones ilegales».
Un negocio ilegal a costa de los territorios indígenas
La investigación de Fundación del Río, realizada en colaboración con Divergentes e Intertextual, ha revelado un patrón sistemático de despojo de tierras en comunidades indígenas y afrodescendientes. Algunas de las transacciones ilegales han alcanzado hasta 10,000 manzanas de tierras comunales, lo que evidencia la magnitud del tráfico de propiedades protegido por la inacción del Estado.
«Nuestra investigación ha identificado 42 transacciones fraudulentas, involucrando 23 abogados y la venta de aproximadamente 32,000 manzanas de territorios comunales», indicó la Fundación del Río.
Entre los abogados señalados en la denuncia se encuentran:
• Andrés García Padilla
• María Magdalena Picado Jiménez
• Cristino Aguilar Tinoco
• Martha Verónica López Escorcia
• Deyris Daniela Velásquez López
• Pablo José González Martínez
• Dominga Erminia Mendoza Paiz (reincidente en este tipo de transacciones)
• Pedro Lucio Torres Garzón
• Eduardo Siles Espinoza
• Rafael Antonio Pérez Wong
• Ernesto Antonio Amador Cortez
• Ramón Armengol Román Gutiérrez
• Francisco Pantaleón Manzanarez Reyes
• Reynaldo Javier Blandón Aguilar
• Jacinto Oporta Centeno
• Tomás Antonio Aguilar Leiva
• José Francisco Busto Dinarte
• Yajaira Cisbel López Colomer
• José Luis García Mendoza
• Leonardo Gaitán Cruz
• Julio César Barrera Gutiérrez
• Luis Enrique Gómez Martínez
La complicidad estatal en el despojo de tierras
La venta ilegal de territorios indígenas es un problema que ha sido ampliamente documentado en Nicaragua. Sin embargo, la dictadura sandinista, que tiene bajo control todo un aparataje de vigilancia y seguimiento de todos sus funcionarios y de profesionales, ha hecho caso omiso a las denuncias, permitiendo que estos actos fraudulentos continúen con total impunidad.
En una carta enviada al Poder Judicial el 3 de febrero de 2025, Amaru Ruiz recordó que «según la circular emitida por el Poder Judicial el 31 de marzo de 2020 por el secretario de la Corte Suprema de Justicia, Rubén Montenegro Espinoza, los notarios deben tener cuidado de no autorizar instrumentos públicos que involucren propiedades comunales en los términos y condiciones señaladas por las leyes, decretos y reglamentos de la materia».
Sin embargo, a pesar de que la normativa vigente prohíbe la comercialización de tierras comunales, el negocio ilegal sigue activo con la participación de abogados y notarios que legitiman estas transacciones con documentos fraudulentos.
La Fundación del Río ha solicitado formalmente al Poder Judicial información sobre «cuál es el procedimiento que se sigue en estos casos de incumplimiento a las obligaciones como notarios y a qué correo podemos remitir dichas pruebas para que se tomen las medidas correspondientes», sin obtener respuesta hasta la fecha.
Ante la falta de respuestas del Poder Judicial, la Fundación del Río advirtió que continuará documentando las transacciones ilegales y elevando la denuncia a instancias nacionales e internacionales.
La organización también llamó a las comunidades indígenas y afrodescendientes afectadas a seguir denunciando y documentando estas ventas ilegales, con el fin de frenar el avance del despojo territorial.
Mientras el Poder Judicial mantiene su silencio, los territorios comunales siguen siendo vendidos ilegalmente, poniendo en peligro la existencia de los pueblos indígenas en Nicaragua.
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