Periodismo en Nicaragua, bajo un esquema de represión, amenazas de ciberataques y censura

Ejercer el periodismo en Nicaragua se ha convertido en una profesión de alto riesgo de la que aún no se escapa ni estando en el exilio. Los profesionales de la información, no alineados con la dictadura Ortega-Murillo, enfrentan una de las peores crisis de la historia reciente.

En el Día Nacional del Periodista, la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) presentó en conjunto con el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más el Informe de Ataques a la Libertad de Prensa y Expresión, que documenta esa escalada en la represión contra la prensa independiente entre enero de 2024 al 15 de febrero de 2025.

PCIN evidencia 78 agresiones contra periodistas y medios de comunicación en esos 13 meses. De estos casos, 64 afectaron de forma directa a los comunicadores y 14 a medios de prensa.

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La mayoría de los ataques ocurrieron en territorio nicaragüense, con Managua como el epicentro de la represión, registrando 37 de los incidentes reportados.

Según el documento presentado este primero de marzo, la Policía Nacional lidera las agresiones contra la prensa, actuando en coordinación con paramilitares, miembros de los Consejo del Poder Ciudadano y la Juventud Sandinista.

PCIN destaca que «la mayoría de los agresores pertenecen a instituciones del Estado o son simpatizantes del régimen Ortega-Murillo».

Ciberataques crecen

Uno de los patrones que se enmarca en esta represión al periodismo independiente es el uso de ataques digitales. El informe subraya que «los ciberataques contra medios y periodistas han sido ejecutados por hackers vinculados al régimen, con el objetivo de silenciar voces críticas».

Por otro lado, el exilio sigue siendo la única alternativa para decenas de periodistas. Desde 2018, año en que se aceleró la persecución con el inicio de las protestas sociales, 283 comunicadores han abandonado Nicaragua para evitar la persecución estatal.

PCIN alerta sobre el caso de periodistas que, aún fuera del país, enfrentan amenazas transfronterizas, impidiendo su retorno a Nicaragua. Esto sería parte de la represión transnacional que se impulsa desde el Estado.

El informe también documenta casos de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. Se destaca la desaparición de la periodista Fabiola Tercero desde julio de 2024 y el arresto de Elsbeth D’Anda en octubre del mismo año por reportar sobre el aumento en el precio de la canasta básica.

Además, el periodista Leo Cárcamo Herrera fue detenido en noviembre de 2024 a pesar de su delicado estado de salud. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha exigido su liberación, pero el régimen ha ignorado los llamados internacionales.

PCIN también denuncia la instrumentalización del sistema judicial para perseguir a la prensa. «El Poder Judicial y la Policía han sido utilizados como herramientas de censura y represión», señala el informe.

Amenaza de apagón informativo

Ante el clima de represión, muchos periodistas han optado por la autocensura para evitar represalias. Según el informe, «las represalias incluyen detenciones arbitrarias, allanamientos y amenazas, lo que ha llevado a comunicadores a reducir su cobertura o a ejercer el periodismo de forma anónima».

La censura ha generado un apagón informativo en varias regiones del país, especialmente en Carazo, León, Madriz y la Costa Caribe. La falta de medios independientes ha dejado a estas comunidades sin acceso a información verificada, permitiendo que solo la versión oficialista predomine en el discurso público.

Mientras el régimen Ortega-Murillo refuerza su control sobre la información, los periodistas resisten en la clandestinidad, en el exilio o bajo la amenaza constante de la represión estatal aunque el país está quedando vaciado de profesionales de la comunicación.