Álvaro Leiva: «El invento de la «co-presidencia» responde a la descontrolada ansia de poder de Rosario Murillo»
La reforma constitucional impulsada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo entró en vigencia la semana pasada tras su publicación en La Gaceta, consolidando cambios radicales en la estructura del Estado nicaragüense. Entre las modificaciones más alarmantes, se eliminó el recurso de Habeas Corpus, se concentró todo el poder en la Presidencia y se creó la figura de la «co-presidencia», otorgándole un rol oficial a Murillo. Sobre estos cambios, el abogado y defensor de derechos humanos Álvaro Leiva, presidente de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos en el Exilio en Costa Rica, analizó los impactos de la reforma en el podcast AHORA de Artículo 66.
Eliminación del Habeas Corpus y la consolidación del poder
Leiva calificó la reforma como una «violación más a los derechos humanos» y alertó que la eliminación del Habeas Corpus deja a los ciudadanos aún más indefensos ante la represión estatal. «Es una de las tantas irregularidades de esta reforma, que, además, elimina la separación de poderes y somete todas las instituciones al control absoluto de la Presidencia», explicó.
Según el defensor, la instauración de la «co-presidencia» significa un empoderamiento absoluto de Rosario Murillo dentro del aparato estatal. «Es una aberrante figura con la que formaliza su control en la cúpula de la tiranía. En la práctica, Murillo ya tiene más poder que su marido», advirtió.
Desaparición de artículos clave y el fin del Estado de Derecho
La nueva Constitución también eliminó 37 artículos, entre ellos el que prohibía la tortura. Para Leiva, esto consolida la impunidad de los crímenes cometidos por la dictadura. «La tortura es una práctica histórica de todas las dictaduras en América Latina y la tiranía Ortega-Murillo no es la excepción. Con esta reforma, el Estado de Derecho queda definitivamente eliminado en Nicaragua», sentenció.
Leiva alertó que la nueva estructura de gobierno impone más arbitrariedad al sistema político. «Detrás de esta ilegal figura, los “co-presidentes” no son más que “co-dictadores”, aferrados al poder mediante el terror y la corrupción. Con esto, la Presidencia pierde toda legalidad y se convierte en una caricatura», enfatizó.
Además, aseguró que la «co-presidencia» es una muestra del dominio de Murillo sobre Ortega: «Este invento responde a su descontrolada ansia de poder político y económico, consolidando su control absoluto sobre el régimen».
La creación de grupos paramilitares y la inseguridad ciudadana
Otra de las modificaciones clave es la legalización de estructuras paramilitares a través de las denominadas «fuerzas militares de reserva patrióticas» y los «policías voluntarios». Para Leiva, esto representa la oficialización de un escuadrón de represión: «Se trata de una estructura integrada por delincuentes comunes, a quienes se les conmutan penas de prisión a cambio de unirse a este grupo ilegal».
Según el defensor, esto no solo refuerza la persecución política, sino que también agrava la inseguridad en el país: «La dictadura no solo oficializa un brazo armado fuera de las fuerzas policiales y militares, sino que además excarcela y arma a criminales para que cometan delitos impunemente».
Ortega y Murillo consolidan una dictadura familiar
La reforma también blinda el poder absoluto de la familia presidencial, consolidando lo que Leiva describe como una «tiranía familiar». «Con esta estructura ilegal, Ortega y Murillo han superado al sanguinario y corrupto clan Somoza en su control absoluto del país. Ahora, el matrimonio ejerce la jefatura del Ejecutivo sin ningún tipo de contrapeso», denunció.
Leiva también señaló que, aunque Rosario Murillo ya tenía un rol clave en el gobierno, esta reforma la convierte en la principal beneficiaria del sistema: «Murillo pasó de no tener poder en la década de los 80 a ejercer un dominio absoluto hoy en día. Esta reforma es el mecanismo que necesitaba para instalarse, de facto, como la máxima autoridad del país».
Para el defensor de derechos humanos, la reforma constitucional es el golpe final a los derechos y libertades de los nicaragüenses. «Ortega y Murillo han consolidado un modelo de terror y represión con el cual buscan perpetuarse en el poder. Esta nueva Constitución no es más que un traje a la medida para blindar su dictadura, aplastando cualquier vestigio de democracia en Nicaragua», concluyó.
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